La posibilidad del cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional, ha abierto el debate en Colombia entre quienes acusan al Gobierno de Gustavo Petro de irrespetar la separación de poderes y advierten sobre las consecuencias "riesgosas" que podrían tener.
La polémica la encendió el comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, quien asomó en una entrevista de El Espectador que uno de los "frente de trabajo" que maneja el Ejecutivo son los cierres del proceso de Justicia y Paz —surgido tras la desmovilización paramilitar en 2005— y de la JEP, nacida tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
Bajo su punto de vista, las justicias especiales son transicionales "pero también deberían ser transitorias".
"A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a ella", sostuvo.
En su opinión, "hay puja" y "tensión" entre los partidarios de su clausura, "para que puedan cerrarse los procesos", y de quienes consideran que "deben prolongarse mucho más".
La respuesta de la JEP
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, rechazó los comentarios de Patiño y manifestó que le causaron "sorpresa". Asimismo, hizo un "enérgico llamado" al respeto de la separación de poderes y a "garantizar la autonomía de esa jurisdicción".
El magistrado advirtió que la Corte Penal Internacional podría interpretar la clausura de la JEP como un "incumplimiento de las obligaciones del Estado para juzgar crímenes internacionales".
"Estas iniciativas del Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a las nuevas instituciones", dijo Vidal, quien expresó que debe respetarse la "temporalidad" de la JEP, "para que se puedan investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado".
- La propuesta de acabar con el mecanismo de justicia transicional no es nueva, y ya ha sido puesta sobre la mesa en otras oportunidades tanto por el presidente como por miembros de su gabinete.
- El excanciller Álvaro Leyva dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la JEP se estaba "descarrilando" porque no incorpora a sus casos a civiles que cometieron crímenes durante el conflicto.