El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó ante la Asamblea Nacional de su país el proyecto de "Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables", en medio de los cortes de electricidad que afectan a los ecuatorianos.
El envío de esta iniciativa fue hecho después de endosar al Parlamento la falta de resultados de la Ley Orgánica de Competitividad Energética, mejor conocida como 'Ley No Más Apagones', un proyecto que fue enviado por el Ejecutivo de Noboa al Congreso en diciembre de 2023 y que recibió su visto bueno en ese órgano en enero pasado.
La ley 'No Más Apagones' no logró poner fin a la crisis eléctrica, ya que los cortes de energía volvieron a Ecuador con más intensidad, alcanzando hasta 12 horas diarias en algunas zonas del país.
Según dijo Noboa el pasado sábado, cuando anunció el envío de la nueva iniciativa, el fracaso de la normativa aprobada en enero se explicaría en que la Asamblea Nacional incluyó un techo de 10 megavatios (MW) a la generación de energía en el sector privado.
En esa afirmación falta contexto, puesto que, según explica Lupa Media, la 'Ley No Más Apagones' no impide la realización de proyectos que superen la capacidad de 10 MW, sino que establece que las iniciativas privadas con una potencia inferior a esa cifra pueden desarrollarse directamente, con la autorización del ministerio rector, sin necesidad de un proceso público de selección. Los que estén por encima de ese límite deberán someterse a dicho proceso.
Además, tras su aprobación, el mandatario tenía la opción de vetar la ley, pero no lo hizo. En su lugar, mediante un video publicado en sus redes sociales, felicitó a los asambleístas por dar luz verde a la iniciativa con "una votación histórica".
"Con la aprobación de la 'Ley No Más Apagones' estamos listos para dar solución a una de las necesidades inmediatas que tiene el país", dijeron en esa oportunidad desde la Presidencia de Ecuador.
La iniciativa
Con esta segunda iniciativa en materia energética enviada al Parlamento, Noboa busca darle mayor participación al sector privado en la generación de energía.
La ley tiene por objeto, según El Universo —que tuvo acceso al texto—, "promover soluciones económicas y de generación de energía renovable a fin de superar la crisis energética, optimizando el uso de recursos públicos asociados al sector eléctrico e incentivar la inversión privada en todo el territorio nacional".
El nuevo proyecto busca reformar varios artículos de la actual Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. De acuerdo con el mandatario, una de las principales claves es eliminar el tope de 10 MW para la generación de energía pa el sector privado y ampliarlo a 100 MW.
Hasta la potencia máxima autorizada, las iniciativas deberán contar únicamente con la autorización del ministerio rector, es decir, sin necesidad del proceso público de selección, que sí aplicaría para los que superen ese nuevo límite.
Al respecto, el documento plantea que los proyectos que actualmente operan bajo el límite de 10 MW puedan solicitar un ajuste de potencia; y aquellos que actualmente están en trámite con ese techo tendrán la posibilidad de solicitar una revisión de sus permisos.
Asimismo, se plantean incentivos estatales para los planes de inversión privada en generación eléctrica con fuentes de energía renovable no convencional, como proyectos solares, eólicos, hidráulicos, geotérmicos y de otras fuentes limpias.
También se plantea que las personas jurídicas dedicadas a la distribución y comercialización de energía en el país estarán autorizadas para suscribir Acuerdos de Compra de Energía a largo plazo con empresas privadas.
Los contratos podrán estar respaldados por garantías emitidas por el Estado y las transacciones deberán incluir diferentes tecnologías de generación, como hidráulica, geotérmica, solar, eólica, térmica u otras.
El proyecto presidencial también establece que las personas jurídicas dedicadas a generación térmica deberán presentar planes de transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental.
La nueva iniciativa de Noboa fue enviada en calidad de "económico urgente", lo que implica que el Legislativo tiene 30 días para tratarlo, aprobarlo o negarlo. Si al vencer el plazo no hay respuesta de los asambleístas, la ley entrará en vigor de inmediato como fue presentada inicialmente.
Desde el Ejecutivo han señalado que los cortes de energía se deben a una grave sequía en las zonas de las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador; no obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, consideró que "la inexperiencia, la incapacidad y la improvisación de este Gobierno son los únicos responsables de que esta crisis de apagones".