Más de 40 presos pertenecientes a la banda terrorista ETA podrían quedar en libertad con la aprobación de una reforma legislativa que se está tramitando en el Parlamento español.
Entre ellos se encuentra dirigentes históricos, como Xabier García Gaztelu, alias 'Txapote', condenado por decenas de asesinatos; José Javier Arizkuren Ruiz, conocido como 'Kantauri'; Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu'; o Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', según apunta Televisión Española.
Todos ellos tienen en común que cumplieron años de prisión en Francia y que, con la reforma que se aprobará próximamente, verán esos años descontados de la condena que actualmente cumplen en España, por lo que se estima que siete serán excarcelados inmediatamente y otros 37 verán acortado el cumplimiento de su pena.
La reforma de la ley orgánica 7/2014 fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, desde donde pasó al Senado, donde ningún grupo presentó ninguna enmienda. Ahora la Cámara Alta deberá votarla, pero al no constar ninguna enmienda, el resultado de esa votación no parará su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en breve.
Polémica en el Senado
Este martes, el Senado tenía previsto votar esta modificación legal de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, pero el conservador Partido Popular (PP) —el principal de la oposición y fuerza mayoritaria en esta Cámara— ya ha anunciado que aplazará el proceso.
No obstante, el sufragio no podrá celebrarse más allá del próximo lunes 14 de octubre y será testimonial, puesto que, al no haber enmiendas el texto, está destinado a ser aprobado.
Tanto el PP, como el ultraderechista Vox, han sostenido en los últimos días que su voto positivo en el Congreso fue un error, al no ser conscientes de las implicaciones de la reforma.
Ambos partidos han hecho reiterados llamamientos al Gobierno para que retire la iniciativa, pues es el único órgano que en este punto tiene la potestad de vetarlo.
Una iniciativa de Sumar
La enmienda que da lugar a la polémica reforma fue presentada por el grupo parlamentario de Sumar. Su diputado Enrique Santiago defendió este lunes que lo que se ha realizado es una transposición de una directiva europea del año 2019, por lo que se quiso "aprovechar para corregir una discriminación que había en la legislación española".
Santiago explicó que, hasta ahora, cualquier ciudadano europeo condenado en España tiene unos beneficios de ejecución de pena en el país de su nacionalidad que, sin embargo, no pueden ejercer los ciudadanos españoles sentenciados en otra nación europea. Por lo tanto, la norma afectará a todos los españoles, lo que incluye a los condenados por terrorismo.
"Hemos acabado con una discriminación para que ningún español se vea afectado y tenga un tratamiento más discriminatorio que otros ciudadanos de la UE en aplicación del derecho comunitario", resumió el diputado, que hizo hincapié en la aprobación del texto por unanimidad en el Congreso.
En esa línea, el parlamentario de Sumar afirmó: "Desde nuestro punto de vista, aquí lo único que ocurre es que la derecha, el PP y Vox, no saben qué hacer para continuar su ofensiva contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana (...) y vuelven a recurrir a lo de siempre, al fantasma del terrorismo en el País Vasco, que hace más de una década que dejó de existir".