Las movilizaciones en Argentina en contra de los recortes al gasto ordenados por el presidente Javier Milei no han cesado. El Ejecutivo argumenta que desea ordenar las cuentas nacionales, pero los gremios aseguran que la reducción de presupuesto podría agudizar la crisis que atraviesa el país suramericano.
En el camino, hay señalamientos cruzados. El fin de semana, los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, que está ubicado en Buenos Aires, denunciaron que el Gobierno quería cerrarlo, por lo que convocaron a manifestaciones.
Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró el lunes que el Ejecutivo no prevé cerrar en centro asistencial, sino ejecutar una reestructuración que permita optimizar los recursos. En paralelo, se mantiene la incertidumbre entre el personal del nosocomio y los pacientes.
"El Hospital no se va a cerrar, de hecho la guardia está atendiendo, los pacientes siguen con sus tratamientos (...). Dije en conferencia de prensa que iba hacia una reestructuración el Hospital porque había un desfasaje entre la cantidad de empleados y la cantidad de pacientes", afirmó.
Entretanto, el Hospital Garrahan, que está especializado en la atención a niñas y niños, anunció la suspensión de cirugías de alta complejidad por falta de presupuesto.
Tensión
Con respecto a las universidades, el miércoles pasado se llevó a cabo la segunda marcha nacional en contra del ajuste al presupuesto de esas casas de estudio. No obstante, el presidente desestimó la movilización y confirmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta semana le toca responder al Poder Legislativo, ya que el miércoles votará si deroga o no el veto de Milei. En caso de que gane la oposición, el Gobierno tendrá que destinar los recursos que necesitan las universidades para subsistir.
La noche del lunes, los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras votaron a favor de tomar la sede educativa para realizar vigilias, asambleas y clases públicas, mientras continúa el debate sobre el futuro de los presupuestos.
Lo mismo ya ocurre en las facultades de Veterinaria y de Psicología, y se prevé que las tomas se ampliarán en las próximas horas, en vísperas de que comience la sesión que analizará el veto de Milei. El Gobierno, por su parte, ha denunciado la instrumentalización de la protesta por parte de sectores políticos vinculados a la oposición.
En medio del conflicto, el Ejecutivo ofreció un aumento salarial del 6,8 % a los gremios docentes de las universidades públicas, pero la propuesta fue rechazada. Los gremios aducen que requieren un incremento mayor, que se equipare a la inflación.
La gestión del libertario sostiene que las autoridades de las instituciones públicas de estudios superiores hacen un manejo discrecional de los recursos, y esa "falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados".