La Cámara de Diputados de Argentina avaló este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso, en medio del conflicto por los recortes a la educación.
El oficialismo, con el apoyo de las bancadas del Pro (macrismo) y parte de la Unión Cívica Radical (UCR), consiguió los 85 votos que necesitaba para mantener la anulación de la normativa.
La Libertad Avanza y sus aliados sumaron 84 votos, mientras que la oposición alcanzó 160 y no llegó a los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa, que había sido avalada anteriormente en el Senado y en Diputados.
El total de 257 diputados se completa con 5 abstenciones y ocho ausencias. En tanto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo uso de un artículo que le permite participar de una votación, y sumó así las 85 unidades necesarias.
Ley reclamada
La ley de financiamiento universitario aumentaba los fondos para las universidades públicas, una demanda que sostiene la comunidad educativa principalmente por la actualización de los salarios del personal docente y no docente.
Tras la confirmación del veto de Milei, cientos de personas se manifestaron en las puertas del Congreso, en Buenos Aires, en medio de un clima de tensión y frente a un gran operativo policial.
A minutos de la votación, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) anunció que este jueves habrá un paro nacional en todo el país. "Esta lucha sigue", señalaron.
Ahora hay al menos 12 universidades tomadas, de acuerdo al portal Los Andes, y podrían sumarse más tras la decisión del Congreso.
Por el equilibrio fiscal
El presidente Milei y toda la bancada libertaria defienden el veto bajo el argumento de que no hay fondos para mejorar la situación crítica que atraviesan las universidades públicas, y que la ley aprobada en el Congreso iba en detrimento del objetivo de la Casa Rosada de alcanzar el equilibrio fiscal.
Se trata del segundo rechazo del presidente Javier Milei a una norma que aprobaron los legisladores, luego de su oposición a la movilidad jubilatoria, que mejoraba los ingresos del sector.
En el caso del veto a la reforma de jubilaciones, el argumento del gobierno fue el mismo, basado en el costo fiscal que generaba la medida para el Estado.
La gestión del libertario sostiene que las autoridades de las instituciones públicas de estudios superiores hacen un manejo discrecional de los recursos, y esa "falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados".
La disputa se da en el marco de las protestas de la comunidad educativa, que tuvo su ápice en la gran manifestación del miércoles pasado contra el veto de Milei a la ley que pretendía actualizar el presupuesto.