El fabricante aeroespacial y de defensa Raytheon Company, considerado como uno de los mayores contratistas del Pentágono, tendrá que pagar más de 950 millones de dólares para solventar las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. en relación a esquemas de fraude con precios incorrectos en contratos gubernamentales, sobornos extranjeros y esquemas de control de exportaciones.
"Raytheon participó en esquemas delictivos para defraudar al Gobierno de EE.UU. en relación con contratos para sistemas militares críticos y a fin de obtener negocios mediante sobornos en Catar", sostuvo el fiscal general adjunto Kevin Driscoll, de la División Penal del Departamento de Justicia.
En ese contexto, el también fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, agregó que la compañía "deliberadamente no reveló los sobornos realizados en relación con los contratos que exigían licencias de exportación".
"Durante varios años, empleados de Raytheon sobornaron a un alto funcionario militar catarí para obtener lucrativos contratos de defensa y ocultaron los pagos de los sobornos falsificando documentos presentados al Gobierno, en violación de leyes, incluyendo aquellas diseñadas para proteger nuestra seguridad nacional", manifestó Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.
Además, se determinó que entre 2012 y 2013, y nuevamente entre 2017 y 2018, la empresa proporcionó "información falsa y fraudulenta" al Departamento de Defensa acerca de las negociaciones de dos contratos en beneficio de un socio extranjero: uno para comprar sistemas de misiles Patriot y otro para operar y mantener un sistema de radar. En ambos casos, el objetivo de Raytheon consistía en lograr que se le adjudicaran los dos contratos "a precios inflados".
"Estos esquemas para defraudar hicieron que el Departamento de Defensa pagara a Raytheon más de 111 millones de dólares más de lo que se le debía haber pagado por los contratos", se precisa en el comunicado emitido este miércoles por el Departamento de Justicia de EE.UU.
De su parte, la compañía decidió admitir su "responsabilidad por la mala conducta". "Hemos trabajado diligentemente durante las investigaciones para remediar esa mala conducta y seguimos haciéndolo. Nos comprometemos a trabajar en estrecha colaboración con el nuevo supervisor independiente, para mejorar y perfeccionar aún más nuestro programa de ética y cumplimiento", alegó la empresa.