Una 'manada de empresarios' evadirá la cárcel tras prostituir a menores en España

Se pedían penas máximas de 24 a 56 años, pero ni siquiera van a pisar la cárcel por participar en una red de prostitución de menores. Ese ha sido el resultado de uno de los procesos judiciales que mayor indignación ha levantado en los últimos tiempos en España.

El caso se destapó a finales de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones. La causa ha concluido este mes con la sorpresa de que los siete empresarios encausados se librarán de ir a prisión, con sentencias de apenas meses y multas minúsculas.

Solo irán a la cárcel tres personas, dos de ellas encargadas de reclutar a las menores en discotecas de adolescentes y colegios, y una que hacía de intermediaria. Su labor consistía en llevar a las adolescentes hasta los hombres, de avanzada edad y buena situación económica, para que abusaran de ellas.

Las penas de esas personas tampoco son ejemplarizantes, ya que en el peor de los casos, cumplirán seis años de reclusión.

Todo ha sido posible gracias a un acuerdo de conformidad entre las defensas de los acusados y la Fiscalía, que ejercía la acusación en ausencia de acusaciones particulares. El argumento para esta decisión es que la confesión de los delincuentes y la dilación indebida del proceso, que se ha prolongado durante casi una década, motivaba una reducción sustancial de la pena.

Los condenados

Entre los condenados se encuentran siete empresarios: Juan Castejón Ardid, expresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM), de 74 años; José Antonio Arce López, 70 años; Juan Peque Álvarez, 72 años; José Jara Albero, 68 años; Antonio Giménez Pelegrín, 81 años; Antonio Morales Nicolás, 92 años; y Juan Martínez Fernández, de 73.

Uno de esos empresarios tuvo contactos sexuales con hasta cinco de las once víctimas identificadas, que entonces tenían entre 14 y 17 años.

Los hombres fueron condenados a penas de prisión de 5, 10 y 15 meses, pero no entrarán en la cárcel por la brevedad de las penas y por carecer de antecedentes penales, bajo dos condiciones: no delinquir en los próximos uno o dos años, y participar en un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.

Además, deberán abonar una multa, que varía entre los 10 y los 12 euros diarios, según recoge Público, una cantidad muy inferior a la que abonaban por abusar de las menores. La sentencia ni siquiera recoge la inhabilitación para el ejercicio de actividades que requieran contacto frecuente con niñas y adolescentes.

También han visto suspendida su pena Martín D.T. y Manuela P.P., condenados a un año y tres meses de prisión, y a seis meses, respectivamente, por actuar de intermediarios de la red; así como Yesenia B.C., sentenciada a seis años de prisión por la modalidad agravada de prostitución de menores.

Los únicos que pisarán un penal son Ruth D.T., Nelly C.P. y Walter D.M. Las dos primeras consideradas madamas en esta red y el último, un colaborador activo de ambas.

A pesar de estar condenados a 16 y 12 años de cárcel respectivamente, ya se les ha comunicado que cumplirán un máximo de seis. Ruth D.T. había sido sentenciada por ocho delitos y los otros dos reos, por seis cada uno.

Una década para hacer 'justicia'

Las víctimas han esperado las sentencias por una década, desde que se destapó el caso en 2014, tras la denuncia de un padre por la desaparición de su hija y el hecho de que la menor solía tener más dinero de lo habitual.

En el proceso se halló un catálogo de mujeres que ejercían la prostitución, entre ellas, las once víctimas menores de edad, informa Público. A principios de 2015 llegaron las detenciones: cinco encargados de pisos y pensiones, cinco captadoras de chicas para la red, cuatro taxistas y quince clientes. De las 29 personas procesadas, solo han sido juzgadas 16.

La red buscaba menores en discotecas para adolescentes e incluso colegios, para ponerlas en contacto con hombres de avanzada edad: los condenados tenían entonces entre 58 y 82 años. Las víctimas procedían mayoritariamente de entornos vulnerables.

Todos los involucrados eran conscientes de la minoría de edad de las chicas y entre los 'clientes' se encontraban un guardia civil retirado —al que una de las víctimas denunció por agresión sexual—, empresarios de renombre y trabajadores de un despacho de abogados.

Estos hombres llegaron a pagar hasta 200 euros por encuentro, de los que ellas recibían alrededor de una cuarta parte. El resto se repartía entre los miembros de la red.

Condenados libres por delitos graves

Las argumentaciones que recogen las resoluciones de los magistrados, según una nota difundida por el Poder Judicial, chocan con la levedad de las penas impuestas en este caso.

Los jueces sostienen que la prostitución de menores llevada a cabo por esta organización obviaba que se estaba ejecutando "una de las formas más graves de violencia contra las mujeres que se pueden acometer".

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Los autos reseñan también "la gravedad de las consecuencias que han tenido dichos hechos sobre algunas de las víctimas", entre las que destacan "el miedo que aún sienten a que contacten con ellas, la afectación emocional que manifiestan al rememorar los hechos, el enorme esfuerzo que ha supuesto para ellas el volver a enfrentarse, diez años después, a unos recuerdos tan dolorosos".

Cinco de las víctimas se mostraron favorables a la suspensión de las penas a los condenados, dos estaban conformes con lo que decidiera el tribunal y otras cuatro se opusieron.

El incomprensible final de este caso ha hecho que los vecinos de Murcia se hayan echado a las calles en repetidas ocasiones. La última de ellas el pasado martes, para protestar por la sensación de impunidad que rodea este caso.

"¡A la cárcel ya!", "Justicia machista cómplice de degenerados violadores", son algunos de los carteles que se leyeron hace dos días.