El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto donde se establecen medidas "para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental", el desarrollo de las competencias en ese aspecto que tienen las autoridades de los pueblos originarios y su coordinación con las autoridades.
Al consignar el decreto 1295 del 15 de octubre, el mandatario aseveró que "nadie puede enseñarle a cualquier colombiano, o a cualquier institución, cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza, como los pueblos indígenas".
Para Petro, la rúbrica de esta resolución busca reivindicar a "los pueblos que fueron arrodillados a la fuerza", para que "las autoridades indígenas tengan en sus territorios igual poder que las corporaciones autónomas".
El líder del Pacto Histórico vaticinó que la firma de la normativa "traerá discusión" y "tratarán de tumbarlo los que se creen monárquicos porque dirán: '¿Uy, cómo que los indígenas tendrán autoridad ambiental? ¿Y nuestras instituciones aristocráticas que viven robándose la plata, qué?' Ya verán la pelea que habrá y me recordarán en unos días, apenas semanas".
En su opinión, las corporaciones "no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario". "Por la corrupción se han arrodillado a la codicia, que ha entregado la naturaleza a la destrucción", añadió.
¿Qué contiene el decreto?
En la norma se establecen medidas "para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental" y en el desarrollo de las competencias en ese aspecto que tienen las autoridades de los pueblos originarios.
En el escrito se especifica que el territorio indígena "comprende todos aquellos espacios" que sus habitantes "reconocen como esenciales en la vivencia de su cosmovisión y que son fundamentales para su existencia".
Asimismo, se detalla que el ámbito de aplicación del decreto incluye territorios indígenas establecidos en la Constitución, resguardos, reservas y territorios ancestrales.
En cuanto a las competencias ambientales de las autoridades indígenas, se explica que tanto las autoridades tradicionales, como las propias de los territorios, las de los consejos indígenas y otras estructuras similares de gobierno propio en los resguardos integran el Sistema Nacional Ambiental y ejercen las siguientes competencias: ordenamiento ambiental territorial y determinación de los mecanismos regulatorios, de gestión y gobierno con fines de preservación, conservación, restauración, protección, cuidado, uso y manejo de los recursos naturales.
La víspera también se radicó ante el Senado un proyecto de Ley que busca coordinar la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial colombiano.