La tragedia provocada por las intensas lluvias e inundaciones en el sureste de España, que ha dejado ya al menos 70 víctimas mortales, la gran mayoría de ellas en la provincia de Valencia, ha provocado también una gran polémica.
Se critica que los trabajadores tuvieran que acudir a sus centros de trabajo y permanecer allí, incluso cuando ya se había emitido la alerta roja y se era consciente de lo peligroso de la situación.
Ante estos hechos, la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta mañana hizo un llamamiento a las empresas se respete la legalidad y se preserve la vida de los trabajadores.
Mucho más duro ha sido el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, que, también en los pasillos del Congreso, señaló que existe "una responsabilidad política" y que hay Gobiernos que privatizan y desmantelan servicios como unidades de emergencia y "se vanaglorian" de ello y empresas que obligan a sus empleados a ir a trabajar "en mitad de alertas rojas por lluvias".
El parlamentario agregó: "Lo que ha sucedido seguramente es inevitable, pero hay gente que ha muerto porque fue a trabajar y hay gente que ha muerto porque según quién no quiso tener unidades de emergencia dignas y bien dotadas".
En cuanto al Gobierno, Rufián se refería al Gobierno regional de la Comunidad Valenciana, en manos de Carlos Mazón, del Partido Popular (PP), que en noviembre del año pasado anunció la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, creada por su predecesor, el socialista Ximo Puig.
Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social esta mañana se ha recordado que los trabajadores tienen derecho a "abandonar su puesto de trabajo en caso de riesgo grave e inminente, sin pérdida de sueldo", como sería el caso del duro temporal que arrecia en España desde las últimas 24 horas.
Sin embargo, las críticas han sido profusas en las últimas horas. Así, desde el sindicato CC.OO., uno de los mayores del país, se ha denunciado "el mantenimiento de la actividad laboral" cuando ya era conocido el riesgo de inundación en País Valenciano, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En un comunicado difundido en las redes sociales, CC.OO. también ha acusado a empresas de obligar a sus empleados a acudir a sus puestos de trabajo en esas condiciones y ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los afectados.
De manera similar se ha manifestado su sección Jóvenes de CC.OO. del País Valenciano: "Hemos visto a repartidores, trabajadores en fábricas, centros comerciales que seguían trabajando cuando la situación ya era muy complicada", se apuntaba.
Denuncias de este tipo se han repetido a lo largo de toda la mañana en las redes sociales. Uno de los episodios más comentados ha sido el de los trabajadores del Ikea en Valencia, atrapados en sus instalaciones, junto a algunos clientes, mientras las instalaciones estaban cercadas por el agua.
También se ha señalado al gigante del comercio online Amazon por tampoco detener su actividad durante los momentos de mayor crisis. Así, son numerosas las imágenes de coches, furgonetas y camiones volcados en carreteras o arrastrados por la fuerza del agua en los que se puede ver vehículos de la empresa.
Sabah Yacoubi, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes de España y presidenta de su delegación en la Región de Murcia, publicó varios videos de una empresa hortofrutícola con trabajadores en su interior mientras el techo se caía por efecto del temporal en La Alcudia, Murcia. "Es hora de investigar y sancionar a las empresas que priorizaron sus ganancias sobre la seguridad de sus empleados", apuntaba.
Las denuncias concretas o las críticas generales por esta situación han continuado sucediéndose y se ha señalado a grandes cadenas de distribución o administraciones.
En la red social X se ha creado el hashtag #EmpresariosCriminales, que están utilizando muchos usuarios para denunciar situaciones particulares como el de trabajadoras de Inditex que no se enteraron de la alarma lanzada desde la administración a todos los teléfonos móviles porque la empresa no les deja llevarlos en su lugar de trabajo, pero a las que la compañía tampoco avisó.