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La ONU condena a Perú por esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori
Esta práctica, defendida por el Estado peruano como una política más amplia de salud reproductiva, podría constituir un crimen de lesa humanidad, según una instancia.
La política de esterilizaciones forzadas en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación, "particularmente contra mujeres indígenas, rurales y económicamente desfavorecidas", concluyó este miércoles un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado", afirmó Leticia Bonifaz, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.
La decisión, publicada esta jornada, se basó en la denuncia de cinco víctimas esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997, como parte de las políticas de natalidad del Ejecutivo de Fujimori que fueron aplicadas a más de 300.000 mujeres por "personal médico no especializado y en condiciones sanitarias inadecuadas".
El Estado peruano argumentó que el programa de esterilización formaba parte de una política más amplia de salud reproductiva y que los procedimientos se realizaron tanto en hombres como en mujeres.
"Ya no tendrás hijos, te hemos curado", le dijeron unas enfermeras a una de las víctimas en la ciudad de Huánuco. La mujer, quien declaró que era analfabeta, relató que en octubre de 1996 fue detenida y posteriormente sedada, antes de ser sometida al tratamiento.
El Comité señaló que la esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad, por lo cual manifestó su "preocupación" por la ley promulgada por el Congreso peruano, en agosto pasado, que prescribe este tipo de delitos cometidos antes del 1 de julio de 2002.
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