La presidenta de Perú, Dina Boluarte, informó este martes que se establecerá un nuevo marco legal para que los integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sean juzgados exclusivamente en el fuero militar y policial.
En una comparecencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en Lima, la mandataria leyó una serie de acuerdos alcanzados en una sesión del Consejo de Estado, que incluye a las máximas autoridades del país, abocada al incremento de la inseguridad.
Indicó que aprobaron la formulación de un mecanismo constitucional con el cual se le garantice a los efectivos la potestad de "hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde podrían ser juzgados cuando hayan hecho uso de sus armas de reglamento, y siempre con previo informe de la inspectoría como requisito de procedibilidad".
Actualmente, los policías y soldados que cometen delitos comunes son sometidos a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, el Gobierno de Boluarte lleva meses impulsando una reforma al respecto. De hecho, el mes pasado presentó un proyecto de ley para incorporar el delito de "terrorismo urbano" y adicionar la medida ahora anunciada.
Críticas instantáneas
La iniciativa, criticada ya desde entonces por especialistas y amplios sectores de la población, fue rápidamente repudiada este martes en redes sociales. "Juzgar delitos comunes en el fuero militar policial es inconstitucional", aseguró el abogado Carlos Rivera.
"El homicidio y las lesiones son delitos comunes y deben [ser] juzgados y sancionados por el Poder Judicial. No son delitos de función militar o policial", añadió Rivera.
Por su parte, el penalista Roberto Pereira lo calificó como un anuncio "estupefaciente". La "Justicia militar policial carece de competencia constitucional para juzgar delitos que afecten vida e integridad de personas", señaló.
"Absoluta ausencia de ideas sobre qué hacer con la delincuencia", manifestó el especialista, en medio de un auge en los índices delictivos.
Mientras, el analista político Qhari Alvarado recordó que ya el Congreso de la República promulgó una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 1 de julio de 2002.
En su opinión, ahora avalaron una legislación "para limpiar las matanzas del futuro". "Quieren imponerse a la mala", escribió.