En el pueblo de Benetúser, en la provincia de Valencia, uno de los más afectados por la DANA que hace dos semanas dejó enormes inundaciones en el interior de esa zona que provocaron al menos 222 muertos, se produjo un extraño incidente que involucra a moradores de una de las viviendas dañadas y a una de las titulares del inmueble.
Una mujer, identificada como Eva, narró al programa televisivo Tarde AR, que había sido echada de una vivienda, que consta a nombre de sus padres y que heredará al 50 %, por agentes de la Guardia Civil, los mismos que habían permitido que regresaran a ella quienes calificó de 'okupas'.
Al parecer, lo sucedido se precipitó el día de las inundaciones, el pasado 29 de octubre, cuando el agua anegó la localidad. En ese momento, los moradores del inmueble lo abandonaron para ponerse a salvo y justo un día después apareció Eva, para comprobar los desperfectos.
Según ha narrado a televisión, encontró la casa con las puertas abiertas y llena de fango, por lo que se introdujo en la vivienda y comenzó con las labores de limpieza.
Fue otro día más tarde, cuando aparecieron quienes hasta entonces habían habitado la casa, acompañados por agentes de la Guardia Civil. Siempre según el relato de Eva, los efectivos policiales la sacaron de la vivienda de malos modos, dejaron entrar a los 'okupas' y ante sus reiteradas protestas, la amenazaron con arrestarla.
En el programa también se pudo escuchar brevemente la versión de una de las moradoras del inmueble, que explicó que había alquilado la casa a un hombre que no conocía y que pagaba mensualmente 350 euros, aunque no lo podía acreditar porque las transacciones siempre las realizaba en efectivo y en mano.
La legislación española considera 'okupas', es decir, quienes han cometido el delito de allanamiento, a quienes entran en el domicilio de otras personas que lo habitan en propiedad, alquiler u otra modalidad. Tiene una respuesta inmediata a nivel policial, que detienen a los delincuentes en flagrancia.
Sin embargo, otros casos, como los impagos de alquiler, las estafas a las que son sometidos algunos inquilinos, engañados por quienes dicen ser propietarios de una vivienda pero no lo son, tienen un tratamiento diferente y es un juez quien dirime la disputa.