El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha adjudicado ya más de medio centenar de contratos de emergencia para hacer frente a las labores de reconstrucción tras el paso de la DANA que arrasó más de 70 municipios valencianos el pasado 29 de octubre y dejó más de 220 muertos.
En total son más de 237 millones de euros los destinados hasta el momento a esta tarea, según informó el martes la vicepresidenta y consejera autonómica de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que dijo que las empresas adjudicatarias ya se encontraban "trabajando en las zonas afectadas", según recogió El País.
Sin embargo, la sospecha sobre estas adjudicaciones no ha tardado en saltar a la arena pública, en una región en la que en el pasado han sido enjuiciados y condenados numerosos dirigentes del Partido Popular (PP), formación a la que pertenece el actual presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
Condenados por financiar ilegalmente al PP
Según adelantó ElDiario.es, entre las empresas que se han hecho con algunos de los contratos de emergencia en esta ocasión se encuentran firmas que estuvieron implicadas en la financiación en B del Partido Popular tanto a nivel de la administración autonómica de la región como del Ayuntamiento de Valencia.
Así, por ejemplo, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), dependiente de la Consejería de Infraestructuras, ha adjudicado 34,2 millones de euros a empresas que financiaron al PP valenciano, sobre todo en el marco de las tramas de corrupción conocidas como 'caso Gürtel' y el 'caso Taula', ambas sentenciadas por la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Valencia.
Adjudicación a la constructora que pagó comisiones al cuñado de la alcaldesa
Uno de los contratos de emergencia aprobados estos días ha ido a parar a una empresa constructora que presuntamente pagó comisiones en 2007 al cuñado de la entonces alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, que se encuentran bajo investigación en el 'caso Azud'.
Se trata de Ocide Construcción, que ha conseguido el contrato de dos obras por valor de 12,9 millones de euros. El grupo empresarial al que pertenece está siendo investigado por pagar comisiones ilegales al cuñado y abogado de Barberá a cambio de la adjudicación de contratos municipales, informa El Salto.
Empresarios vinculados a la 'Gürtel'
Además, también se han producido una serie de adjudicaciones de emergencia a empresarios que se encuentran relacionados con la financiación del PP en la trama 'Gürtel' para reparar la presa de Buseo y el tramo de metro que atraviesa el barranco del Poyo, el cauce fluvial que se desbordó y causó los mayores daños hace tres semanas.
Así, la constructora Becsa ha conseguido un contrato de 2,3 millones de euros para obras en infraestructuras y otro de 3,9 millones para restaurar la presa de Buseo. Uno de sus accionistas fue condenado en 2018 en una pieza separada del 'caso Gürtel', mientras que la empresa aportó 200.000 euros en 2007 a la caja B del PP para la campaña electoral de Barberá, como acredita la sentencia de una pieza del 'caso Taula'.
Esa misma sentencia recoge que la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV) abonó también ilegalmente 300.000 euros para esa misma campaña electoral. Ahora, SAV ha obtenido contratos por valor de 9,5 millones de euros para diferentes obras.
Otra firma que ha obtenido contratos públicos en el marco de la reconstrucción tras la DANA ha sido CHM Obras e Infraestructuras: 2,8 millones para obras en el municipio de Utiel y 4,2 millones de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Su presidente, Francisco Javier Martínez Berna, y su hermano José, consejero de la compañía, fueron condenados a un año y nueve meses de cárcel también por contribuir a la financiación en B del PP.
Asimismo, la compañía Facsa, propiedad del empresario Enrique Gimeno, ha obtenido contratos por 1,5 millones de euros. Gimeno fue condenado en el 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión también por financiar ilegalmente a la formación popular.
La lista sigue con los nombres de otras empresas, como FCC Agualia y Pavagua Ambiental, relacionadas con el 'caso Taula'.