El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, salió al paso tras la polémica por la privativa de libertad dictada contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por estar involucrado en una presunta red de corrupción.
Al ser consultado por medios, el jefe de gabinete recalcó que Nicanor Boluarte "no pertenece al Ejecutivo", por lo que rechazó que se le vincule con el Gobierno de su hermana, pese a que el caso que se investiga es porque presuntamente ejercía un "poder en la sombra", especialmente en la designación de prefectos y subprefectos.
"Su caso se está viendo ante el Poder Judicial y es esa instancia donde se va a tener que resolver", dijo Adrianzén el miércoles, sin aludir al hecho de que Nicanor Boluarte está en paradero desconocido, pese a la orden de privación de libertad emitida en su contra.
La víspera, el abogado del hermano de la presidenta peruana, admitió que su defendido no acataría la orden de la Fiscalía. "Estamos frente a una decisión que es absolutamente arbitraria y que tiene claros tintes políticos", aseveró el letrado Luis Vivanco.
"Él [Boluarte Zegarra] es inocente de todos los cargos que le imputan", agregó, aunque aseguró que no había hablado todavía con su defendido.
"Último recurso"
En su comparecencia, el premier también cuestionó la decisión de la Fiscalía al afirmar que "el estándar de libertad está muy bajo", por pedir la prisión preventiva para el hermano de Boluarte.
"La privación tiene que ser la última razón", aseveró el ministro, quien adelantó que la defensa de Nicanor Boluarte "tendrá que presentar apelaciones". En esa línea, consideró inadmisible que "se haga un ejercicio de judicialización de la política y que se quiera vinculara la presidenta".
Para el premier de Boluarte, quien llegó al poder tras la detención y privación de libertad exprés del presidente Pedro Castillo, la prisión preventiva no debe ser el primer recurso judicial contra ninguna persona.
Del mismo modo, consideró "un argumentillo" vincular a la presidenta con su hermano para intentar "aducir la presunta incapacidad moral" con el objetivo de lograr una vacancia. "Esto de crear organizaciones criminales y haciendo un arbolito en la pizarra, eso no es suficiente para probar nada", aseveró.