En Brasil, al menos 275 millones de hectáreas son destinadas a actividades agropecuarias. Sin embargo, parte de estas áreas han sido capturadas por capital extranjero a través de compañías occidentales que, en algunas ocasiones, han optado por no respetar las normas locales para lograr el pleno control de estas tierras e impedir que el Estado decida cómo se explotan.
La legislación brasileña determina que para explotar tierras rurales las empresas extranjeras necesitan solicitar autorización al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y a la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la actualidad, al menos cinco firmas de este tipo operan sin dichos permisos, según un estudio realizado por Rodrigo Ricupero, profesor de historia de la Universidad de Sao Paulo, quien las denunció ante la Justicia y solicitó, entre otras cosas, que se les prohibiera adquirir nuevos terrenos.
Una de las empresas acusadas es la energética Raízen, que produce y distribuye etanol a través del cultivo de caña de azúcar. La compañía, valorada en más de 5.000 millones de dólares, explota más de 550.000 hectáreas de tierra, repartidas entre los estados de Sao Paulo, Goiás y Mato Grosso do Sul. Entre sus socios está Shell Brasil, la multinacional de hidrocarburos que, según la denuncia de Ricupero, actúa como una sociedad financiera europea con sede en Países Bajos.
Además de las acciones legales presentadas por el docente sobre el desacato a la ley que regula el uso de la tierra, en Brasil ya se han registrado otros problemas que tienen que ver con la actuación de compañías extranjeras. Es el caso de Bunge Alimentos, un agronegocio estadounidense acusado de explotar territorios reservados a los pueblos indígenas.
Una investigación publicada el año pasado por el observatorio agronómico de Brasil, Olho nos Ruralistas, indica que Bunge tenía 315 hectáreas de tierra superpuestas al territorio indígena Morro Alto (estado de Santa Catarina). Al respecto, la empresa dijo no haber incurrido en ninguna ilegalidad, alegando que nunca se llevó a cabo la demarcación del asentamiento indígena. Si bien las tierras fueron vendidas en 2022, siguen a nombre de Bunge por demoras en los trámites burocráticos para transferir la titularidad.
Márcia Motta, profesora de historia de la Universidad Federal de Ceará, explica que la explotación de tierras por empresas extranjeras se debe a que muchas de esas zonas están en cerca de las fronteras del país, en áreas que aún no han sido demarcadas por el propio Estado. Son lugares "extremadamente fértiles que deberían ser destinados a los pobres, especialmente a la población indígena, que casi siempre son las primeras víctimas".
Al mismo tiempo, los mecanismos de control que disponen las autoridades brasileñas no son suficientes para fiscalizar efectivamente la actuación de estas compañías. Sin una regulación estricta, estas acciones también representan un riesgo para la soberanía nacional, advierte Motta.