¿En qué consiste la ley 'preventiva' sobre la IA que debaten en Brasil?

El proyecto establece limitaciones y un régimen de sanciones para las compañías que las incumplan.

El Senado de Brasil votará este jueves un proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial, una propuesta del legislador Rodrigo Pacheco (Partido Social Democrático), presidente de la Cámara, que la considera un marco legislativo sólido para regular las tecnologías digitales y los medios de comunicación, "brindando seguridad jurídica en este segmento", según afirmó a Globonews.

La iniciativa busca definir los límites del uso de la inteligencia artificial y los permisos necesarios para su utilización, para lo que se establece una serie de prohibiciones, sanciones, excepciones y un sistema regulatorio.

Conductas prohibidas

Entre las conductas que la nueva legislación prohibirá a las plataformas responsables de la Inteligencia Artificial (IA) se encuentran:

Entre los usos que sí estarán permitidos destaca la identificación biométrica remota en tiempo real únicamente para capturar prófugos, ejecutar órdenes de aprehensión o frenar delitos flagrantes penados con más de dos años de privación de libertad; así como para reunir pruebas en investigaciones policiales con autorización judicial cuando no exista otro medio.

Hasta 50 millones de reales de sanción

La normativa preverá un sistema de sanciones que incluirá multas de hasta 50 millones de reales (8,34 millones de dólares) o el 2 % de los ingresos, en el caso de una persona jurídica, por cada violación cometida por las empresas de tecnología. También se contempla:

Procedimientos de alto riesgo autorizados

El texto también contempla la autorización de algunos procedimientos considerados de alto riesgo, entre los que se encuentra la evaluación de la credibilidad de las pruebas en investigaciones penales. Otras excepciones serían las siguientes:

Organismo regulatorio

La ley creará un organismo regulatorio, el Sistema Nacional de Regulación y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (SIA), que será coordinado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), y que vigilará especialmente los procedimientos de alto riesgo que puedan impactar negativamente en el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Si el proyecto finalmente es aprobado por el Senado, deberá pasar a la Cámara de Diputados.