El proyecto de 'Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos', mejor conocido como 'Ley Antipillos', ha provocado un nuevo choque de trenes entre presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la Asamblea Nacional.
Aunque la iniciativa fue rechazada y archivada por el Parlamento, el pasado 27 de noviembre, el Ejecutivo decidió enviarlo al Registro Oficial para su publicación. Así, Noboa hizo caso omiso a la moción parlamentaria que bloqueó el proyecto con 84 votos.
La iniciativa fue enviada por el mandatario al Congreso en noviembre, en calidad de "económico urgente", por lo que el Legislativo tenía 30 días para tratarlo, aprobarlo o negarlo. Si al vencer el plazo no había respuesta, la ley entraría de inmediato en vigor.
Para el Parlamento, el proyecto de Noboa no plantea soluciones efectivas para combatir el lavado de activos y pretende "crear más impuestos para los ecuatorianos", lo que tendría un impacto directo sobre las personas de ingresos medios y bajos.
Entre otras cuestiones, la norma crea un impuesto para la comercialización de carros usados en Ecuador, incluye nuevas regulaciones a clubes deportivos y cambios para el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), detalla Primicias.
Al Registro y la respuesta
Días después de la negativa del Parlamento, el Ejecutivo envió un oficio a ese organismo para devolverles la resolución de archivo del proyecto. El gobierno alegó que, según el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las iniciativas de ley urgentes pueden ser archivadas en el segundo debate del pleno.
Por eso, el lunes de esta semana, a través del Decreto Ejecutivo 477, Noboa dio luz verde a la normativa y la envió al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia. "Una ley económica urgente jamás se archiva en primer debate", escribió Noboa al publicar un video en la red social Instagram*, en el cual se le ve firmando la iniciativa.
Por su parte, el ministro de Gobierno, José de La Gasca, defendió la normativa. "La idea (...) no es gravar con mayores impuestos a ningún nicho de mercado, sino tener un control, a través de un régimen tributario, de dineros que estaban yendo directamente a financiar el narcoterrorismo. Ese es el espíritu de esta ley, esta es una ley en pro de los ecuatorianos", manifestó.
Ante la medida adoptada por Noboa, la Asamblea Nacional emitió un comunicado para calificar la acción como un "apagón jurídico" en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
El Parlamento alega que el artículo 140 de la Constitución de Ecuador establece que las iniciativas de ley calificadas como económicas urgentes "sigan el mismo procedimiento ordinario, excepto en los plazos", mientras que el 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta al Congreso "a archivar un proyecto de ley en primer debate, como ha ocurrido con 52 proyectos de ley ordinarios, desde el año 2014".
"La Constitución no exige que los proyectos económicos urgentes sean tramitados en dos debates antes de ser negados; deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió en este caso", insiste la Asamblea, que indica que si el Ejecutivo tenía alguna duda al respecto, debía consultar a la Corte Constitucional antes de hacer esa promulgación unilateral.
Por tanto, el Parlamento solicitó "enérgicamente" al Registro Oficial que no publique esta ley y que "respete" las decisiones tomadas por el pleno de la Asamblea Nacional.
Previamente, a finales de noviembre, el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, informó que la resolución del archivo de la norma había sido envida al Registro Oficial. En esa oportunidad también señaló que, si Noboa insistía en promulgar la ley, "sería un acto de facto, dictatorial y un delito", en vista de que "estaría usurpando y simulando funciones de la Asamblea", lo que podría conllevar a consecuencias jurídicas.
*Plataforma perteneciente a META, calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.