La Asamblea Nacional de Ecuador decidió este viernes censurar a la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, en el juicio político que le siguieron por "incumplimiento de funciones" y su supuesta responsabilidad en la crisis energética, que ha generado los apagones que sufre el país suramericano.
La moción para censurarla recibió 112 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones en el Parlamento.
Arrobo fue ministra desde el 23 de noviembre de 2023, al ser nombrada para el cargo por el presidente Daniel Noboa, y se mantuvo en ese puesto hasta el 16 de abril pasado, cuando el mandatario le pidió la renuncia.
El juicio político se llevó a cabo en ausencia de la exfuncionaria, quien pidió a los asambleístas que se actuara sobre la base de la documentación técnica presentada.
Ya Arrobo se había excusado de asistir a la sesión, que en primera instancia estaba prevista para desarrollarse el pasado 4 de diciembre. Un día antes, la exministra publicó una carta en la que señalaba que no acudiría por "temor a represalias devastadoras".
"Si le enseño al país los chats entre el presidente de la República y yo, en los que le informo de la crisis energética; si les pruebo cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada y poder controlar los racionamientos; si la ciudadanía se da cuenta de que me prohibieron hablar y hasta me cancelaron la rueda de prensa que preparé, entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado", expresó.
"No arriesgaré mi vida, mi libertad y la seguridad de mi familia para satisfacer intereses ajenos a las verdaderas necesidades del país", escribió, al tiempo que señaló que jamás ocultó información sobre la crisis eléctrica en la nación suramericana.
En cambio, Arrobo explicó que "una crisis hídrica no era rentable para la consulta popular", en referencia al referéndum realizado en abril pasado, impulsado por Noboa.
Agregó que exponer públicamente la verdad significaría su inmediata detención por parte de la Policía, "que hoy no responde a la ley".
Una vez que Arrobo dejó el cargo en abril, ella y otras 21 personas fueron denunciadas por el Gobierno ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de paralización de un servicio público y traición a la patria.
Tras la censura, la exministra no podrá ejercer cargos públicos por al menos dos años, aunque, en su carta la exfuncionaria ya había expresado que el "peor error" de su vida fue tomar la decisión de servir a su país desde la función pública.