La prensa de Argentina reveló este lunes un presunto caso de enriquecimiento ilícito que involucra a un alto funcionario del Gobierno de Javier Milei.
Se trata del director de la Dirección General de Impuestos (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, titular del ente encargado de combatir la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria.
Según un informe del periódico La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el jefe de la DGI, designado por Milei en octubre, compró a través de sociedades constituidas en el exterior tres departamentos en Miami, EE.UU., por más de dos millones de dólares, y no las declaró.
De acuerdo con la ley de Ética Pública, que rige en Argentina desde 1999, todo funcionario del Estado debe informar bajo declaración jurada sobre la totalidad de sus bienes a la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, Vázquez no consignó ninguno de los inmuebles adquiridos, ni las sociedades por medio de las cuales las compró.
La investigación señala que el titular de la DGI administra dos de los mencionados departamentos mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años, mientras que el tercero lo vendió.
Paraísos fiscales
Según surge a partir de la documentación filtrada en los Papeles de Pandora (Pandora Papers) y analizada por el equipo periodístico de investigación, Vázquez continúa operando en esas empresas extranjeras, también activas.
Dichas sociedades están radicadas en países considerados paraísos fiscales o zonas 'offshore' (sobre el mar, lejos de la costa), donde se ofrece anonimato, facilidades para los negocios y cierta protección a la hora de brindar información a la Justicia sobre bienes radicados en esos territorios.
La investigación revela que el funcionario de Milei participa de una sociedad constituida en las Islas Vírgenes británicas que es controlante de otras dos compañías con sede en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.
La máxima autoridad del ente de recaudación y control fiscal tiene antecedentes por un hecho similar, ocurrido en 2011. Ese año fue denunciado porque, desde noviembre de 2004, habría controlado junto con su hermana, Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla caribeña de Curazao por 442.113 dólares, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo, cosa que tampoco declaró ante el fisco.
Sin embargo, Vázquez logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa penal, no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas.