El Departamento de Estado de EE.UU. ha establecido excepciones para Israel que le permiten eludir la ley Leahy de 1997, que prohíbe la asistencia militar estadounidense a unidades militares extranjeras cuando existan pruebas creíbles de graves violaciones de los derechos humanos, recoge AP citando una demanda interpuesta el martes por un grupo de palestinos de la Franja de Gaza y familiares estadounidenses.
La demanda, respaldada por exfuncionarios del Departamento de Estado y redactores de la norma, detalla las lagunas jurídicas que la agencia gubernamental ha creado para que Israel evada su aplicación y solicita a los tribunales que intervengan. Según Tim Reiser y Stephen Rickard, dos antiguos miembros del personal del Senado que desempañaron un papel decisivo en la formulación de la ley Leahy, el creciente número de muertos en el enclave palestino, que ya supera los 45.000, justifica el proceso judicial.
En el documento, se acusa a los funcionarios del departamento bajo la presidencia de Joe Biden de crear una serie de obstáculos a la hora de investigar a los militares israelíes por violaciones de la ley Leahy, incluida la creación de un comité con miembros de los departamentos de Estado y Defensa en 2020, dedicado exclusivamente a examinar las posibles violaciones a la norma de las Fuerzas Armadas israelíes. Se señala que el Gobierno de Israel también puede evitar la restricción del apoyo militar por abusos contra los derechos humanos, demostrando que se ha abordado el problema.
Así, en agosto, el Departamento de Estado hizo uso de esta excepción, cuando decidió no imponerle sanciones a una unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y no proseguir la investigación de sus potenciales vulneraciones a los derechos humanos cometidas en Cisjordania, asegurando que, si bien habían cometido graves violaciones a dichas garantías, "las FDI remediaron el comportamiento del batallón".
Asimismo, un informe del Departamento de Estado publicado el pasado mayo concluyó que existían pruebas "razonables" de que Israel había usado en la Franja de Gaza armas suministradas por Washington de forma "incompatible" con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, no limitó la provisión armamentística, alegando que la propia guerra hacía imposible que los funcionarios estadounidenses juzgaran con certeza.