Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró este miércoles durante media hora en el juzgado que la investiga por varios asuntos relacionados con sus actividades profesionales.
En esta ocasión, la investigada había sido llamada a declarar por la presunta apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y por intrusismo por la firma de unos pliegos técnicos.
Gómez solo ha respondido las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, quien posteriormente reseñó a los medios la declaración de su defendida. Según el letrado, la esposa de Sánchez "no tiene nada que esconder".
En primer lugar, Camacho se ha referido a otra acusación, la de favorecer a una empresa tecnológica para acceder a contratos públicos, señalando que Gómez ha explicado que "nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación pública", que "no intervino en absoluto" y ni siquiera tenía conocimiento de que se habían adjudicado.
Al aludir a unas cartas firmadas por Gómez a la empresa investigada, la acusada explicó que no eran misivas de apoyo, sino un formato "modelo" que también fue rubricado por otras instituciones que "no han sido imputadas" por ello.
Con respecto a los dos ilícitos por los que había sido citada hoy, el letrado ha reseñado que la investigada tan solo había seguido las instrucciones de la UCM, tanto en la firma de los pliegos como a la hora de inscribir a su nombre la web en entredicho.
Además, detalló que el sueldo que recibía anualmente por los dos máster que codirigía en la UCM era de 15.000 euros. "La cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo", ha apuntado Camacho.
Tercera declaración
Se trata de la tercera vez que Gómez acude a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, en el marco de la investigación que instruye el juez Juan Carlos Peinado, por los presuntos delitos de tráfico de influencias,corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
En julio pasado, la esposa del presidente de Gobierno acudió a declarar en dos ocasiones, tras la denuncia interpuesta por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que le acusaba de haber avalado o recomendado a empresas prevaliéndose de su estatus personal para acceder a licitaciones de contratos públicos. En ambas ocasiones se acogió a su derecho a no declarar.
Esta mañana, la investigada ha accedido por el garaje a la sede judicial, en medio de grandes medidas de seguridad, mientras que dos decenas de personas se plantaron a la puerta del juzgado con banderas de España para gritar consignas en su contra.