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Las irregularidades que se atribuyen a militares por desaparición de los 4 menores en Ecuador
El 31 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por "desaparición forzada" contra 16 uniformados.
Han pasado 19 días desde que el pasado 8 de diciembre cuatro menores desaparecieron en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, provincia de Guayas, causando una conmoción en el país.
Se trata de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, quienes son del sector empobrecido de Las Malvinas, al sur de la urbe.
De acuerdo con el testimonio de Luis Eduardo Arroyo, padre de dos de los menores, el día de la desaparición salieron a jugar fútbol y después del partido fueron a una panadería junto a un grupo de 10 niños. "Cuando regresaban a casa, cerca de un centro comercial, pasaron dos vehículos con personas vestidas como militares", contó, agregando que "todos salieron corriendo", pero sus dos hijos y dos vecinos "fueron alcanzados y subidos a esos carros".
En declaraciones iniciales, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, atribuyó la desaparición de los menores a "grupos delincuenciales"; no obstante, luego confirmó que fueron aprehendidos por una patrulla militar, que tiene base en la parroquia de Taura, cantón Naranjal, también en Guayas, y que esa detención se debió a un presunto robo.
En el hecho estarían involucrados 16 militares que se movilizaban en dos vehículos. Las dudas al respecto se disiparon, luego de que esta semana saliera a la luz un video en el que se puede observar cómo dos menores son llevados a la fuerza por sujetos que tienen vestimenta de las Fuerzas Armadas y cascos; uno de los niños, de camiseta naranja, es introducido en la cajuela de una camioneta blanca con luces de sirena, donde ya estaba otro que llevaba sudadera azul.
Las faltas
El procedimiento militar ha dejado en evidencia una serie de irregularidades cometidas en el accionar contra los menores. El pasado martes, en una audiencia de 'habeas corpus', una jueza elevó la investigación a desaparición forzada y se revelaron vacíos, faltas y omisiones en el caso, reseñó Primicias.
En primer lugar, no hay un parte militar oficial sobre la detención, como lo exige el protocolo en estos casos. Loffredo reconoció que la patrulla "no notificó al mando superior".
Segundo, aunque se informó que el arresto se debió al cometimiento de un presunto robo a una mujer, que habría sido observado por los uniformados, el fiscal Christian Fárez comentó en la audiencia que no existen testigos ni versiones ni una denuncia que apunten a algún "acto ilícito que hayan cometido los niños".
Tercero, no se reportó el robo al sistema de emergencias ECU-911 y tampoco se informó ni entregó a los menores a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), como marca el procedimiento.
Cuarto, pese a que los uniformados dijeron en sus declaraciones que liberaron a los menores en la parroquia de Taura, a más de 40 kilómetros del lugar de la detención, y que nunca ingresaron a la Ala de Combate 22 de la Base Aérea, no se precisó el lugar exacto donde habrían sido dejados; según el abogado de los militares habría sido a 15 kilómetros de la instalación militar.
Y quinto, se reveló la falta de una orden de liberación judicial expresa. Los representantes de los militares reconocieron un "mal procedimiento administrativo".
El próximo martes, 31 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por "desaparición forzada" contra los 16 militares en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, informó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Los cuerpos encontrados
El pasado martes, la Policía de Ecuador descubrió cuatro cuerpos en un río cercano a la base aérea de Taura. Según dos funcionarios de la Fiscalía, que hablaron en condición de anonimato, los cadáveres estaban calcinados y presentaban signos de violencia.
Los familiares se presentaron el miércoles en la morgue de Guayaquil, pero no tuvieron ninguna respuesta, puesto que los cuerpos no pudieron ser reconocidos de manera visual ni por medio de toma de huellas dactilares. Los forenses avanzan en trabajos para intentar hacer un reconocimiento antropológico, cuyos resultados se prevé que estén el próximo lunes. De no ser posible la identificación, resta esperar a ver qué arrojan las pruebas de ADN, que podrían demorar hasta 40 días.
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