Los operativos marítimos que realiza EE.UU. en el mar Caribe y el océano Pacífico son ilegales bajo el derecho nacional e internacional, no reducen la disponibilidad ni el consumo de drogas ilegales, no debilitan al crimen organizado y no se justifican con las muertes por sobredosis de cocaína porque la sustancia más letal en ese país es el fentanilo.
Así lo advirtió esta semana la organización no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en un informe que destacó que, hasta el 29 de octubre, EE.UU. ha realizado 14 ataques letales contra embarcaciones civiles en las que ha matado a 61 personas.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, justifica los operativos con el argumento de frenar el tránsito de la cocaína que llega a su país y que provoca muertes por sobredosis pero no ofrece pruebas de que las lanchas atacadas trasladaban drogas ni revela los nombres de las víctimas; e incluso amenaza con incursiones terrestres a Colombia y Venezuela.
Sin embargo, los datos oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. confirman que el 76% de las muertes por sobredosis registradas en EE.UU. involucra un opioide (recetado o ilegal); el 69 % se relacionó con opioides sintéticos distintos de la metadona (principalmente fentanilo y análogos); el 28 % era por cocaína; y el 33 % involucraba psicoestimulantes como la metanfetamina.
Investigaciones judiciales han demostrado que la epidemia de opioides que provoca decenas de muertes al año es una responsabilidad interna de EE.UU., no de ningún otro país, porque se gestó en los años 90 a través de las agresivas campañas de laboratorios que vendían de manera masiva peligrosos medicamentos legales para tratar el dolor, lo que produjo a una generación de adictos que luego comenzaron a comprar la sustancia en el mercado ilegal y protagonizaron una de las crisis sanitarias más graves en la historia de ese país, pero que, sin embargo, se aborda con una perspectiva de seguridad, no de salud.
Ello demuestra que la estrategia militar de Trump es desproporcionada porque a los países productores del fentanilo (México y China) que provoca la mayor parte de las muertes por sobredosis los amenaza con sanciones comerciales; pero a los productores (Colombia) o de tránsito (Venezuela) de la cocaína los acosa con operativos bélicos cerca de sus costas, acusa de narcotraficantes a sus presidentes —sin pruebas— y amaga con invasiones. Y sobre todo, porque EE.UU. no se hace responsable de su alta demanda interna de drogas.
Evidencias
El informe de WOLA recordó que los narcotraficantes en Sudamérica no producen ni trafican fentanilo y que la mayor parte de la cocaína no transita por el Caribe. También advirtió que no hay evidencia, como ha señalado EE.UU., de que Venezuela produzca fentanilo o sea el principal país de tránsito de la cocaína.
Por otra parte, explicó que las muertes por sobredosis en EE.UU., en particular las asociadas al fentanilo, se redujeron en un 37 %, al pasar de de 76.000 a poco más de 48.000 entre 2023 y 2024, lo que solo fue posible gracias a políticas de salud como la provisión de naloxona, el medicamento que revierte las sobredosis.
"A pesar de este progreso, la administración estadounidense actual y el Congreso han recortado drásticamente la financiación de medidas de salud como estas, incluyendo casi un billón de dólares en recortes durante la próxima década a Medicaid, la principal fuente de tratamiento para los trastornos por consumo de sustancias en el país", denunció.
Inútil e ilegal
La organización explicó que las operaciones militares de EE.UU. contra un objetivo de producción de drogas en América Latina, como un laboratorio o un capo importante, solo causaría un daño menor y pasajero a las organizaciones criminales que suelen recuperarse rápidamente.
Como ejemplo, mencionó la extradición de cientos de criminales de México a EE.UU., y de miles en el caso de Colombia; así como los asesinatos de grandes narcotraficantes, ya que nada de ello ha afectado el suministro de drogas en EE.UU. ni ha debilitado al crimen organizado, como lo evidencia la inflación reportada y los precios de drogas ajustados por pureza en las calles de ese país.
El enfoque en la producción de drogas, lamentó, no reconoce que los mercados de drogas en EE.UU. son sólidos gracias a una demanda sustancial que se mantiene fuerte a pesar de la adopción de políticas de prohibición que aumentan la rentabilidad de estos productos y enriquece cada vez más al crimen organizado. "Ningún enfoque exitoso puede tratar esto simplemente como un problema de oferta", señaló.
Con respecto a las personas a bordo de las embarcaciones atacadas por EE.UU. consideró que, si hubieran estado realmente involucradas en el contrabando de drogas ilegales, habrían desempeñado papeles menores en vastas redes de transbordo y serían fácilmente reemplazables dentro del negocio de las drogas, incluso cuando sus muertes no lleguen a ser investigadas.
"Calificarlos de 'terroristas' o 'narco‑terroristas' no habilita autoridades de guerra ni autoriza ataques militares (...), no existe autorización para el uso de la fuerza letal contra civiles. Los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos han dicho con frecuencia al Congreso que desean más recursos para la detección, la vigilancia y la interdicción. Sin embargo, nunca han solicitado la capacidad para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales", expresó.
Agresiones por parte de EE.UU.
- El pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en la zona. Actualmente, Washington realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano con el argumento, sin sustento ni pruebas, de combatir a los cárteles del narcotráfico.
- Los presidentes venezolano y colombiano, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, han sido señalados infundadamente por Trump como líderes de organizaciones narcotraficantes. La acusación contra Petro produjo el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington.
- Mientras, Caracas ha calificado de "agresión" las acciones militares y ha apuntado a la verdadera razón de los operativos. Maduro sostiene que su país es víctima de "una guerra multiforme" orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, según ha reiterado, está siendo objeto de una "agresión armada para imponer un cambio de régimen" y un gobierno "títere" con el fin de "robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales".
- Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una "campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente".
- Los bombardeos contra pequeñas embarcaciones han sido criticados por los gobiernos de naciones como Colombia, México, Brasil y Venezuela, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de "ejecuciones sumarias" contrarias a lo que consagra el derecho internacional.