A El Salvador han llegado al menos tres aeronaves militares de EE.UU., incluido un avión de ataque fuertemente armado, que han empezado a operar desde mediados de octubre en medio del despliegue estadounidense en el Caribe con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, informó este jueves The New York Times.
Según un análisis realizado por el medio, se trata de un avión de ataque AC-130J Ghostrider, una aeronave de reconocimiento P-8A Poseidon de la Marina y un C-40 Clipper sin distintivos estacionados en el aeropuerto internacional de El Salvador. Fueron identificados a través de imágenes satelitales del Puesto de Seguridad Cooperativa en Comalapa, una pequeña zona militar estadounidense en la principal terminal aérea del país.
Esta base se creó en 2000 para apoyar a las misiones antinarcóticos, y hasta 2022 albergó aviones de vigilancia de la Marina. Desde entonces se ha utilizado poco, y solo ocasionalmente se han visto allí aviones del Departamento de Seguridad Nacional, detalla el medio.
"La base es muy, muy importante para el poder blando, pero claramente se está utilizando para el poder duro hoy en día", dijo el almirante James Stavridis, exjefe del Comando Sur, explicando que en el pasado el punto se utilizó para asistencia en casos de desastre y operaciones humanitarias y antinarcóticos.
El AC-130 Ghostrider es una aeronave fuertemente armada, capaz de disparar misiles con precisión contra objetivos terrestres o en el mar. El P-8 Poseidon, capaz de lanzar torpedos y misiles antibuque, está equipado con cámaras que pueden recabar información de inteligencia a miles de metros de altura. Según mensajes de radio disponibles públicamente entre aeronaves militares y controladores aéreos, el avión de reconocimiento realizó al menos seis misiones desde El Salvador.
Mientras que el tercer avión, el C-40 Clipper, pocas veces visto y cuyo propósito se conoce poco, ha sido identificado volando ocasionalmente con aeronaves de vigilancia, por lo que su despliegue en El Salvador se considera muy inusual. Esto teniendo en cuenta que probablemente sea la primera vez que un país extranjero alberga aviones estadounidenses que podrían participar en ataques militares en la región.
El despliegue coincide con la acumulación de fuerzas estadounidenses en el Caribe, que comenzó a finales de agosto, con la excusa de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, esas fuerzas han llevado a cabo una serie de bombardeos contra lanchas que presuntamente transportan drogas por el mar Caribe y el océano Pacífico, con saldo de decenas de muertos.
Agresiones a Venezuela
- EE.UU. desplegó en agosto buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas frente a las costas de Venezuela, supuestamente para luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, esas fuerzas han llevado a cabo una serie de bombardeos contra pequeñas lanchas que presuntamente transportaban drogas por el mar Caribe y el océano Pacífico, saldándose con decenas de muertos.
- En paralelo, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. Por ello, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó una recompensa por información que conduzca a su arresto.
Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión para apropiarse de los recursos naturales del país suramericano.
- Esa misma postura la ha manifestado el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una "campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente".
- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. contra pequeñas embarcaciones, que han matado a más de 60 personas asesinadas.
- Esos bombardeos han sido también repudiados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de "ejecuciones sumarias" contrarias a lo que consagra el derecho internacional.