Personal de la Fuerza Aérea de EE.UU. arribó a Ecuador para llevar a cabo una "operación temporal" con sus pares ecuatorianos, informó este miércoles la Embajada estadounidense en Quito.
La operación se realizará en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, donde entre 1999 y 2009 operó una base militar estadounidense.
"Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana", explicó la Embajada.
Asimismo, dijo que la operación está diseñada para "proteger a los EE.UU. y al Ecuador" frente a las amenazas que comparten; y "mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas" para combatir a los narcoterroristas, incluyendo "el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico".
No a las bases
El anuncio de este arribo se da un mes después de que se realizara un referéndum en Ecuador, en el que los ciudadanos votaron en contra de que en el país se vuelvan a establecer bases militares extranjeras y de ceder las instalaciones nacionales a fuerzas armadas o de seguridad foráneas.
El triunfo del 'No' en el referendo significó un revés para Washington. Apenas unos días antes de llevarse a cabo el proceso electoral, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitó dos instalaciones militares en Ecuador para la potencial instalación de bases de su país en la nación suramericana en caso de que los ecuatorianos se pronunciaran a favor de ello.
Además, la noticia de la llegada de estos militares a Ecuador se conoce un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, arreciara su agresión contra Venezuela, indicando que esa nación "está completamente rodeada por la Armada" estadounidense y ordenando "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país suramericano.
La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis
Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger" a EE.UU. "de las drogas que están matando" a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones "en tierra".
Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.
Asalto a buque petrolero: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero en costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un "robo descarado" y un "acto de piratería internacional". El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó la situación de "acto absolutamente criminal e ilegal" y acusó a la Casa Blanca de actuar "como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz".
Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado, sin presentar evidencias, al mandatario venezolano de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.
Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un "cambio de régimen" para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. "Se les cayó la máscara, el narcotráfico es 'fake news', es el petróleo que se lo quieren robar", expresó tras el asalto del tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas.
Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.
Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como "ejecuciones sumarias" que violan el derecho internacional.