El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió este viernes que la Ley de Autorización de Defensa Nacional de EE.UU. para 2026 implica un gasto militar de 901.000 millones de dólares, un monto "récord en la historia de ese país" que será financiado con más impuestos.
"La plutocracia y los belicistas gobernantes persiguen sostener, con mayores fondos del contribuyente, la descalificada doctrina de 'paz a través de la fuerza', reimpulsando la carrera armamentista, las agresiones a países soberanos y la usurpación a los pueblos de recursos naturales estratégicos", escribió Rodríguez en la red social X.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional de #EEUU para 2026 presenta un gasto militar de 901.000 millones de dólares, récord en la historia de ese país. La plutocracia y los belicistas gobernantes persiguen sostener, con mayores fondos del contribuyente, la descalificada… pic.twitter.com/LSW555Rthv
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 26, 2025
También explicó que todo esto ocurrirá mientras la Administración de Donald Trump pone en segundo lugar la solución de peticiones ciudadanas y olvida compromisos electorales.
"El Gobierno estadounidense financia su nueva estrategia de seguridad nacional, extremadamente ofensiva, y busca desenterrar la desprestigiada Doctrina Monroe con un corolario agresivo contra Nuestra América", denunció.
Objetivos
La semana pasada, Trump firmó el proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional que le permitirá al Departamento de Guerra realizar el programa denominado 'Paz a través de la fuerza', así como "proteger el territorio nacional de amenazas internas y externas, y fortalecer la base industrial de defensa".
El documento, que contiene más de 3.000 páginas, incluye decisiones sobre salarios de personal, agendas internas en el Pentágono y líneas de actuación especifica en Europa, China, Oriente Medio y América Latina, entre otras prioridades.
Las alertas de Cuba sobre un posible aumento de las agresiones contra países soberanos y la confiscación ilegal de recursos soberanos se da en medio de la escalada de EE.UU. contra Venezuela.
Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito.
Cambio de narrativa
Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, ha EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de "robo" y piratería".
La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.
Frente a estas acciones, Caracas acudió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que califica como agresiones militares de EE.UU. y una violación del derecho internacional. Países como Rusia y China expresaron su respaldo a Venezuela y repudiaron la escalada de agresiones por ser violatorias del derecho internacional.
