El Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina quedó envuelto en un escándalo luego de que la justicia investigara una cárcel en la que servían comida en mal estado a más de 2.000 internos, una irregularidad en la que estaría involucrada una red de corrupción que obtendría ganancias anuales de 32.000 millones de pesos (22 millones de dólares).
La Agencia de Noticias Digital reportó que el descuido alimentario era tal, que la comida podía tener mechones de pelos, clavos, cucarachas y productos en evidente mal estado, con olor a descomposición. De manera excepcional les ofrecían a los presos platos con pollo o carne, pero en porciones mínimas que no superaban los 60 gramos y que, en realidad, eran más bien restos, no bifes ni cortes sustanciosos.
Los hechos ocurrieron en la cárcel federal de Ezeiza, ubicada en la provincia de Buenos Aires, en donde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya había comprobado que la comida no era apta para consumo humano porque tenía bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus debido a la falta de higiene en su preparación.
El diario Página 12 reveló que, como parte de la investigación, el juez Federico Villena, quien está a cargo de la causa, probó algunos de los platos, pero se intoxicó de inmediato y tuvo diarrea y vómitos.
También explicó que la principal hipótesis del caso es que el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, habría cartelizado el servicio de alimentación para otorgarle contratos a empresas 'fantasma' con distintos nombres que, en realidad, eran una sola.
El año pasado, el juez advirtió el mal estado de la comida que servía la firma Foodrush y prohibió que volviera a ser contratada. Su lugar fue ocupado por otra empresa llamada Bio Limp, pero más tarde se descubrió que tenía a los mismos empleados, que usaba los mismos vehículos y hasta la misma dirección.