El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este lunes el inicio de un operativo "de puerta en puerta" dirigido a capturar a personas sospechosas de haber perpetrado un fraude millonario en el estado de Minnesota.
"El DHS está presente en Minneapolis, yendo de puerta en puerta a sitios sospechosos de fraude. El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y arrestos cuando se detecten abusos. Bajo el liderazgo de la secretaria Kristi Noem, el DHS trabaja para obtener resultados", reza una publicación en su cuenta oficial de X.
En otro mensaje que apareció posteriormente, la entidad precisó que sus "agentes están llevando a cabo una operación masiva para identificar, arrestar y eliminar a los criminales que estén defraudando al pueblo estadounidense en guarderías, centros de atención médica y otros sitios sospechosos", así como también advirtió que esas acciones no se detendrán "hasta erradicar este fraude desenfrenado que asola Minnesota".
Causas abiertas por la Justicia
Por su parte, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, afirmó que el Departamento de Justicia "lleva meses investigando" el fraude. Del mismo modo, puntualizó que, a la fecha, la Fiscalía ha "imputado a 98 personas —85 de ascendencia somalí— y más de 60 han sido declaradas culpables".
Seguidamente, la funcionaria detalló algunas causas vinculadas con el asunto 'Alimentando nuestro futuro' –que calificó como "el mayor caso de fraude" en el contexto de la pandemia de covid-19 en el país norteamericano–, cifrado en pérdidas para el erario en el orden de los "300-400 millones de dólares".
De acuerdo con su reporte, los 78 acusados, 72 de los cuales son de ascendencia somalí, aseveraron "haber servido millones de comidas gratuitas a niños durante la [pandemia de] covid-19; pocos, si es que hubo alguno, fueron alimentados" y "presentaron facturas falsas y listas falsas de niños que supuestamente recibían comidas", lo que derivó en que "millones de dólares de los contribuyentes provenientes del fraude se enviaran al extranjero, a África oriental y Oriente Medio". Cinco de los procesados habrían huido a "África" mientras que 57 ya fueron condenados.
Además, esta causa incluye un intento de soborno al jurado por 120.000 dólares, a cambio de que declarara inocentes a varios implicados, así como el amedrentamiento de un acusado que aceptó cooperar con la Justicia, refirió Bondi. Como alegato, sostuvo, los acusados aseguraron que las autoridades no habían respetado su condición de inmigrantes ni su cultura.
La tercera estafa investigada por los fiscales estadounidenses en el marco del megafraude consistiría en el establecimiento de clínicas falsas en las que se ofrecía tratar el autismo. Aparentemente, "el programa del gobierno estatal que financió esta estafa supuestamente costaría 20 millones de dólares", pero la cifra acabó escalando a 200 millones de dólares, obtenidos del dinero aportado por los contribuyentes.
Finalmente, Bondi aludió a una estafa presuntamente perpetrada por medio de un plan para la cobertura de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad. En esta oportunidad, aseguró, los sospechosos "iniciaron sociedades de responsabilidad limitada falsas y empezaron a inscribir a drogadictos y a otras personas en hogares de transición para servicios que nunca se brindaron".
El costo oficial de este plan del gobierno regional estaba establecido en 2,6 millones de dólares al año, aunque terminó costando 125 millones de dólares anuales.