El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó este viernes una reforma profunda del sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía de forma significativa las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Entre los cambios más sensibles, el decreto habilita a la SIDE a realizar operaciones encubiertas, participar en tareas de inteligencia interior con apoyo de las Fuerzas Armadas y retener personas en el marco de acciones vinculadas a la seguridad nacional, bajo determinados supuestos. El Gobierno argumenta que se trata de una actualización necesaria frente a "amenazas contemporáneas".
Medida polémica
La decisión generó críticas inmediatas de sectores opositores, organismos de derechos humanos y especialistas, que advirtieron sobre el riesgo de retroceder en controles democráticos y de habilitar prácticas incompatibles con el marco legal construido tras la última dictadura militar. También se cuestionó el uso del DNU para una reforma de este alcance.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el decreto es "inconstitucional y peligroso", y afirmó que debe ser rechazado por el Congreso. Para el organismo, el gobierno reforma el Estado para "espiar a la ciudadanía".
Argumentación oficial
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la medida como una modernización del sistema. Funcionarios del Ejecutivo aseguraron que las nuevas facultades buscan "proteger al país frente a las amenazas contemporáneas", así como delimitar competencias, reducir la estructura de la SIDE y fortalecer los controles estatales, señalaron fuentes oficiales a TN.
En ese marco, la SIDE difundió un comunicado oficial en el que sostuvo que la reforma "se ajusta a los más altos estándares democráticos" y que todas sus acciones estarán sujetas al control judicial y parlamentario previsto por la ley. El organismo negó que se habiliten detenciones arbitrarias y afirmó que no se violarán derechos o garantías constitucionales.
Más allá de las explicaciones oficiales, el decreto reabrió un debate de fondo en la política argentina, sobre los límites del poder de los servicios de inteligencia, el control civil y el equilibrio entre seguridad y libertades. La discusión promete trasladarse al Congreso y posiblemente a los tribunales en las próximas semanas.