La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que no se puede permitir un parlamento al servicio de poderes extranjeros y advirtió sobre el impacto de lo que calificó como "expresiones sociales y políticas extremistas y fascistas" en el país. Estas tendencias, según la mandataria, "han derivado en situaciones muy peligrosas para la vida de Venezuela".
Rodríguez subrayó la necesidad de promover "programas de paz y de convivencia nacional" dirigidos "desde los más pequeños hasta los más grandes", con el fin de enfrentar los efectos de la polarización. A su juicio, el extremismo ha llevado a ciertos sectores "arrodillados" a "ofrecer nuestro país, ofrecer nuestras riquezas" y a "comprometer nuestra independencia y nuestra soberanía nacional".
La dirigente llamó a la bancada nacional, "incluido el sector opositor", a avanzar "unidos hacia una sola dirección", orientada a "sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en el país [...] y sanar la herida que dejó el ataque del 3 de enero".
Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro
- El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano. La operación concluyó con el secuestro de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.
- Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
- Maduro se declaró inocente el lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera.
- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el lunes como presidenta encargada.
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.