El futuro político de la opositora francesa Marine Le Pen, del partido de derecha Agrupación Nacional (RN), pende de un hilo mientras se lleva a cabo el juicio de apelación de su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo que inició este martes.
La política asistirá durante varias semanas ante un tribunal de París, donde los jueces estudiarán su recurso contra una condena que podría poner fin a sus ambiciones presidenciales. La dirigente del RN, de 57 años, busca anular la sentencia dictada en marzo de 2025 que le impuso una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos con efecto inmediato, además de una pena de cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso y dos bajo arresto domiciliario, y una multa de 100.000 euros. A diferencia de la inhabilitación, esas penas no entraron en vigor porque ella apeló.
Le Pen llegó este martes al gran salón del histórico Palacio de Justicia de la Ile de la Cité, en el centro de París sin hacer declaraciones a la prensa. Durante su comparecencia, la política defendió ante la corte que no tiene "ninguna sensación" de haber cometido un delito ni de haber "ocultado nada" al emplear a asistentes financiados por el Parlamento Europeo entre 2004 y 2016.
"Si efectivamente se cometió una falta, el Parlamento Europeo no desempeñó ese papel de advertencia como debía haberlo hecho", declaró Le Pen durante su primer discurso en el juicio.
Se espera que el juicio de apelación se prolongue hasta el 12 de febrero, con un veredicto esperado antes del verano.
Hasta su condena el año pasado, Le Pen era considerada una de las principales aspirantes a suceder al presidente Emmanuel Macron, en las elecciones presidenciales de 2027, por lo que el resultado de la apelación es clave en lo que va desde la absolución hasta una nueva condena podría impedirle presentarse al Elíseo.