El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó este miércoles que la Justicia de su país encarceló a un "informante" al que se acusa de haber revelado información sensible con respecto a Venezuela, si bien no ofreció precisiones al respecto.
"Se ha ubicado al informante y se encuentra en prisión. Se trata del informante sobre Venezuela. Hay una filtración muy grave", refirió el mandatario ante la prensa. Dijo asimismo que "podría haber otros", que las autoridades siguen "su rastro" y que mantendrá a los periodistas informados sobre este tema.
Más temprano, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, publicó en su cuenta de X un comunicado para informar sobre un allanamiento realizado en conjunto por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia en "el domicilio de un periodista del Washington Post, que obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente a partir de un contratista del Pentágono". Bondi aseguró que "el filtrador se encuentra en prisión".
Un diario en el centro de la polémica
Por su lado, el diario relató que la operación policial, que hace "parte de una investigación sobre un contratista del Gobierno acusado de retener ilegalmente materiales gubernamentales clasificados", se ejecutó en la mañana de este 14 de enero y tuvo como blanco la vivienda de la reportera Hannah Natanson, en donde se decomisaron dos computadoras portátiles, su teléfono celular y un reloj inteligente.
En adenda, apuntaron que la periodista recibió una citación para brindar información relacionada con el mismo contratista. En concreto, se le demandó la entrega de cualquier comunicación entre el contratista investigado y otros trabajadores del medio.
Los investigadores le dijeron a The Washington Post que sus pesquisas no apuntan a Natanson. En su lugar, aseguraron que el foco recae en Aurelio Pérez-Lugones, un administrador de sistemas asentado en el estado de Maryland y autorizado para acceder a archivos de seguridad del Gobierno calificados como de "alto secreto", al que se sindica de entrar a ellos y llevarse a su casa informes clasificados, que luego el FBI halló en su sótano y en su lonchera.
Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro
Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, el pasado 3 de enero, que afectó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
Maduro se declaró inocente en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU., en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde fue acusado de narcoterrorismo.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano.
Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.