El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina, presentó una demanda ante la Justicia federal para impugnar la intervención nacional del puerto de Ushuaia, una de las terminales marítimas más importantes del país para el comercio y el turismo antártico.
La acción judicial fue confirmada por el gobernador Gustavo Melella, quien calificó la medida como un "atropello al federalismo" y una "intervención encubierta", luego de que el Gobierno nacional dispusiera el control del puerto por 12 meses a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
El Ejecutivo de Javier Milei justificó la decisión al señalar presuntas irregularidades financieras, deterioro de infraestructura, fallas de seguridad y un bajo nivel de inversión en obras, además de un supuesto desbalance presupuestario que —según afirmó— ponía en riesgo la operación futura de la terminal, reportó La Nación.
Desde la provincia rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que los ingresos del puerto son auditados y reinvertidos. "Los argumentos del Gobierno nacional son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado", escribió el peronista Melella en un mensaje publicado en la red social X. Y agregó: "Hoy lo hacen con el puerto. Mañana pueden hacerlo con cualquier institución o provincia. Defender Tierra del Fuego es defender el federalismo y la democracia".
También denunciaron que la intervención centralizó la facturación y los fondos en cuentas nacionales, lo que —según argumentaron— priva a Tierra del Fuego del control de sus propios recursos.
En la demanda, el gobierno fueguino afirmó que la medida viola los acuerdos de transferencia que otorgaron a la provincia la administración del puerto y reclamó una cautelar urgente para frenar la intervención, al considerar que sienta un precedente peligroso para la autonomía de las provincias argentinas.
Aterrizaje sospechoso
En medio de la polémica, el Gobierno nacional autorizó el arribo un avión del Departamento de Defensa de los EE.UU. al aeropuerto de Ushuahia, lo que desató una serie de suspicacias. Se trató de una delegación bipartidista del Congreso de los EE.UU., integrada por miembros del Comité de Energía y Comercio, de visita oficial en el país latinoamericano.
El 22 de enero pasado, el Gobierno de Tierra del Fuego alertó que "se están instalando narrativas preocupantes" alrededor de la intervención del Puerto de Ushuaia, "respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas —no explicadas— que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud".