Han pasado cuatro años del mayor desastre medioambiental sufrido por Perú, cuando el 15 de enero del 2022 un ducto submarino de la refinería La Pampilla, de la multinacional petrolera de origen español Repsol, se rompió durante la descarga de un buque, vertiendo 12.000 barriles de petróleo al mar.
Sin embargo, la marea todavía continua llevando restos de crudo a las 28 playas afectadas por el desastre, afectando a las especies de peces y, por tanto, a los pescadores artesanales que viven de esa actividad.
El vertido de aquel día de enero se extendió por 64 kilómetros de costa y afectó a un área equivalente a 3.400 campos de fútbol.
Multas y contaminación
El desastre ecológico provocó que las autoridades de Perú sancionaran a la petrolera con 60 millones de dólares en multas y sanciones administrativas por informar de forma inexacta, no delimitar correctamente las zonas afectadas y no realizar de forma adecuada la contención, recuperación y limpieza, recuerda una investigación de Infolibre y Epicentro TV.
Repsol declaró que las playas estaban limpias y listas para el monitoreo tan solo tres meses después. Sin embargo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) concluyó que 71 de los 97 sitios analizados seguían contaminados.
Se exigió a Repsol que diseñara proyectos para la rehabilitación de esas zonas y la petrolera presentó 18 planes de rehabilitación en octubre de 2023. Sin embargo, a día de hoy la investigación de los medios citados corrobora que el Estado peruano no ha aprobado ninguno de ellos.
Las seis entidades públicas que deben dar luz verde a esos planes han hecho observaciones: en total, 606 alegaciones que la compañía debe corregir por albergar claras deficiencias.
Entre las propuestas de Repsol se encuentra la "atenuación natural", es decir, un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que reducen la contaminación. En otras palabras: que el mar se limpie solo.
Cuatro de esos seis organismos que deben aprobar los planes de rehabilitación aún mantienen observaciones vigentes. Solo cuando hayan sido subsanadas la empresa iniciará el proceso de recuperación de las zonas afectadas.
La refinería La Pampilla, propiedad de Repsol Perú, sostiene que ya han proporcionado toda la información solicitada por las autoridades peruanas y que se encuentran a la espera de que concluya la evaluación de los planes de rehabilitación.
Dice también que la zona que resultó afectada es apta para actividades recreativas y económicas y que ha destinado 1.300 millones de soles (alrededor de 388 millones de dólares) a tareas de limpieza, recuperación y compensación de los damnificados.
Acuerdo millonario y ayudas europeas más millonarias
Por su parte, el Estado peruano inició un proceso administrativo contra Repsol. Le reclamaba 4.500 millones de dólares como compensación por los daños materiales y morales.
Para evitar el juicio, la compañía llegó a un acuerdo con la Fiscalía, para pagar, junto con la compañía italiana armadora del buque que causó el derrame, la cantidad de 1.156 millones de soles (unos 345 millones de dólares), en la que ya estaría incluido lo abonado por Repsol en concepto de limpieza, contención del derrame y pago de indemnizaciones.
Una cifra escueta, si se tienen en cuenta que en el tiempo que ha pasado desde el vertido, la compañía española ha tenido acceso hasta diciembre de 2024 a más de 4.778 millones de euros (5.679 millones de dólares) del Plan de Recuperación de la Unión Europea, que tiene el acento en la transición ecológica.
Así, a pesar de beneficiarse de fondos verdes, no rinde bajo estándares europeos cuando es responsable de una catástrofe medioambiental fuera de las fronteras de la UE.
La directiva de diligencia debida que se comenzó a diseñar en Bruselas hace una década, y que pretendía obligar a las empresas europeas a prevenir daños ambientales y de derechos humanos, así como mitigarlos, en países de fuera del bloque comunitario, se aprobó el pasado mes de diciembre, pero de manera muy descafeinada. Además, su aplicación no se producirá hasta 2029.
Mientras, las playas de Perú continúan contaminadas, sin planes de rehabilitación aprobados y con los pescadores tradicionales como unos de los mayores damnificados.
Cuatro años después del mayor desastre medioambiental de Perú, parece haber quedado enterrado bajo el pesado manto de la burocracia y la irresponsabilidad empresarial de Repsol.
