Las deportaciones organizadas por la Administración de Donald Trump de inmigrantes ilegales a distintos países se basan en arreglos "costosos, derrochadores y mal supervisados", valoraron siete miembros demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. en un informe publicado este 13 de febrero.
El panel, encabezado por la senadora Jeanne Shaheen, profundizó en el tema y encontró pagos por valores comprendidos entre 4,7 y 7,5 millones de dólares a cinco países que aceptaron la deportación de indocumentados a sus territorios: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos.
En total, se gastó al menos 40 millones de dólares para deshacerse de aproximadamente 300 personas. Los senadores consideran que se trata de despilfarro y es necesaria una revisión seria de esta política de deportaciones, "que se lleva a cabo ahora en gran medida en la oscuridad".
El Salvador acogió al mayor número de personas de terceros países: unos 250 migrantes. Mientras tanto, otras naciones recibieron muchos menos deportados: 29 enviados a Guinea Ecuatorial y ninguno enviado a Palaos hasta la fecha.
Se detectaron varios casos de migrantes deportados a terceros países con tal de que posteriormente EE.UU. les costeara otro vuelo para devolverlos a su país de origen. Este es el caso de un ciudadano mexicano trasladado primero a Sudán del Sur y luego de regreso a México, por lo que Washington pagó aproximadamente 91.000 dólares.
Los documentos judiciales estudiados muestran que no había indicios de que, antes de enviarlo a África, el ICE se pusiera en contacto con algún consulado mexicano para solicitar documentos de viaje o para gestionar su regreso directamente al país vecino.
"En muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales", sugirieron los senadores.
Esta idea va en sintonía con las críticas de algunos grupos que defienden los derechos de los migrantes; se muestran en contra de los vuelos a terceros países por el peligro de dejar a los deportados varados en lugares con un largo historial de infracciones de derechos humanos y corrupción. Particularmente, en el mencionado país africano, el personal del comité encontró que se usaba una casa cerrada con guardias armados para retener a los deportados, incluyendo migrantes de Vietnam y México.
