La Policía de Argentina activó este jueves un operativo represivo contra un grupo de manifestantes que se movilizan frente al Congreso en contra de la reforma laboral, una polémica propuesta del Gobierno que se debate en la Cámara de Diputados.
Detrás del vallado que bloquea las inmediaciones del edificio legislativo, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos lanzan gases lacrimógenos y chorros de agua con camiones hidrantes, con el objetivo de dispersar a quienes se encuentran protestando.
Luego de un intento de los manifestantes por derribar las vallas, la Policía se lanzó con motocicletas a detener manifestantes, disparando balas de goma mientras las personas se replegaban y comenzaban a alejarse del lugar.
El proyecto de ley de reforma laboral, impulsado por el presidente Javier Milei, se debate desde este jueves a las 2:00 PM (hora local) en un clima de fuerte tensión política y sindical, debido al rechazo de sectores opositores que denuncian que, en caso de ser aprobado, implicará un grave retroceso en materia de derechos laborales.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y es considerada prioritaria por el oficialismo, que la define como una "modernización" y busca convertirla en ley antes de marzo.
La jornada parlamentaria coincide con una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, con alta adhesión de gremios del transporte, la industria y el sector público.
Las razones del rechazo
La CGT decidió no acompañar el paro con una movilización, pero agrupaciones políticas de izquierda y gremios más combativos llamaron a marchar para rechazar la reforma laboral, por considerarla fuertemente regresiva para los trabajadores y beneficiosa para los empleadores.
La reforma busca introducir cambios estructurales en el sistema laboral argentino, entre ellos una reducción de indemnizaciones por despido, modificaciones en el régimen de vacaciones, la creación de un 'banco de horas' que reemplaza el pago de horas extra por tiempo compensatorio y la posibilidad de jornadas diarias de hasta 12 horas dentro del límite semanal vigente de 48 horas. También amplía la lista de servicios esenciales con prestaciones mínimas obligatorias, lo que implica restricciones al derecho de huelga, entre otros puntos controvertidos.
Uno de los contenidos más sensibles del proyecto fue el polémico artículo 44, que reducía el salario entre un 50 % y un 75 % durante licencias médicas por enfermedades o accidentes no laborales. El Gobierno aceptó quitar ese apartado para garantizar apoyos legislativos, una modificación que, en caso de sanción definitiva, obliga a que el texto vuelva al Senado para su revisión final.