El Gobierno mexicano puso en marcha un inédito programa para registrar los 158 millones de teléfonos celulares que existen en el país, lo que ha provocado una fuerte polémica, ya que mientras las autoridades aseguran que servirá para preservar la seguridad de los usuarios, sus detractores advierten riesgos de se use información personal para vigilar a la ciudadanía.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el año pasado los lineamientos que establecen que todos los propietarios de teléfonos celulares que se usan en territorio nacional deben registrar sus datos personales ante las empresas proveedoras del servicio.
En caso de no hacerlo, solo podrán realizar llamadas de emergencia, atención ciudadana y acceso al portal del operador. Para realizar el registro, tendrán que ingresar su número de Clave Única de Registro Poblacional (CURP) en las plataformas que instalen las empresas privadas. En el caso de los extranjeros, se les solicitarán los datos de su pasaporte.
El proceso comenzó el pasado 9 de enero y terminará el 30 de junio. Los teléfonos que no hayan sido incluidos en el listado serán dados de baja de manera automática al día siguiente. De esta forma, cada línea quedará asociada a una persona física o moral.
Los delitos
Desde que promovieron la medida, las autoridades afirmaron que serviría para evitar acosos, fraudes y extorsiones, uno de los crímenes que más creció en los últimos años en México, debido a las operaciones de las bandas dentro y fuera de las cárceles. A esos grupos delictivos les basta con tener un teléfono para tener acceso a potenciales víctimas.
En algunos casos, fingen que han secuestrado a algún familiar para pedirles que depositen rescates. En otros, los amenazan con dañarlos a ellos o a sus familias, si no realizan determinadas transferencias. También existen los casos de delincuentes que se hacen pasar por algún amigo o familiar y piden préstamos de dinero en su nombre.
Sin embargo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, realizó una campaña para pedir a los usuarios que no registren sus líneas porque pondrían en riesgo la seguridad de sus datos personales.
En medio de los cuestionamientos, los días posteriores al inicio del registro, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa y confirmó que se tendrán que anotar las 158 millones de líneas que existen, un número que supera los 132 millones de mexicanos que habitan el país.
"El registro es muy importante para garantizar la seguridad, y particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión. No tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente (...), solamente la autoridad tiene acceso a esa información, si con ese teléfono se cometió un delito", aseguró la mandataria.
Por otra parte, destacó que, contrario a lo que ocurre ahora, la medida permitirá saber a quién pertenece el teléfono desde el cual se comete algún tipo de delito.
Justificación
Más tarde, José Merino, director de la Agencia de Telecomunicaciones y Transformación Digital del país, recordó que México era uno "de los poquísimos países" en el mundo en los que se permitía la compra de líneas telefónicas celulares, sin necesidad de una identificación.
Precisó, además, que no existirá un registro único manejado por el Gobierno, sino que cada compañía tendrá su listado de usuarios que únicamente incluirá la CURP, el nombre y el número de celular, pero no datos biométricos. "¿Mis datos personales están seguros? Sí", afirmó.
El funcionario agregó que, solo siete días después de haber comenzado el registro, ya se han anotado 2,1 millones de líneas, por lo que confió en el que el proceso se aceleraría hasta cumplir con el plazo. Para el 23 de febrero, la cifra ya había aumentado a 9,3 millones de inscritos. Faltan más de 148 millones que deberán hacerlo en cuatro meses.
Rechazo
Las explicaciones no han convencido del todo a los expertos en ciberseguridad. El portal Animal Político, que recopiló algunas de las principales preocupaciones, advirtió que la norma no define de manera explícita una finalidad concreta para el uso de los datos personales que recaban las empresas telefónicas, ni detalla con precisión los límites sobre su uso posterior o el acceso por parte de autoridades.
Por ejemplo, citó el caso de los anuncios publicados en redes sociales en los que algunas personas ofrecen prestar su identidad o chips ya registrados, a cambio de dinero, para que terceros no tengan que dar sus verdaderos datos.
Además, José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó en ese medio que no existe evidencia de que el registro obligatorio de líneas telefónicas reduzca fraudes, extorsiones o secuestros virtuales. Por el contrario, aseguró que provoca otros delitos como el robo de celulares, la clonación de líneas, la suplantación de identidad y el mercado negro de chips.