El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este sábado en la ciudad de Miami, Florida, a jefes de Estado de América Latina y el Caribe en una cumbre regional centrada en el combate al crimen organizado transnacional y la migración irregular, aunque la selección de países invitados abre interrogantes sobre si el encuentro apunta realmente a una coordinación hemisférica amplia o a consolidar un bloque político afín a Washington.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la reunión tiene como objetivo impulsar "la libertad, la seguridad y la prosperidad" en el hemisferio occidental mediante una mayor cooperación entre los gobiernos de la región.
Sin embargo, la lista de invitados deja fuera a varios de los países más relevantes de la región en materia de narcotráfico y migración. Entre los gobiernos que no figuran en la convocatoria aparecen México, Colombia y Brasil, tres actores centrales en cualquier estrategia regional contra el tráfico de drogas o la gestión de los flujos migratorios hacia EE.UU.
De acuerdo con la Casa Blanca, los países confirmados para la cita son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además de EE.UU. como anfitrión.
Entre los mandatarios que se espera que participen figuran Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
Según la Casa Blanca, la reunión busca consolidar una "coalición histórica" entre los países participantes para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente.
Ausencias de peso
Pero la ausencia de México resulta especialmente llamativa debido a su papel clave en la política migratoria estadounidense. Washington considera al país como un socio fundamental para contener los flujos hacia su frontera sur, mientras que Trump ha convertido la migración en uno de los ejes de su agenda política, con frecuentes presiones hacia el gobierno mexicano para reforzar los controles fronterizos.
Consultada este jueves sobre la reunión, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el encuentro y sostuvo que primero es necesario conocer sus objetivos. "A esta reunión, que entiendo va a ser en Mar-a-Lago, no sé exactamente qué países van a ir. Hay que esperar a ver cuál es el objetivo de la reunión para poder opinar. Nosotros siempre vamos a mantener nuestra política exterior (…) basada en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos", afirmó durante su conferencia matutina.
La lista de participantes también deja fuera a otros actores clave de la región. Colombia —uno de los principales países productores de cocaína y socio histórico de Washington en la lucha antidrogas— tampoco figura entre los invitados, pese a que el gobierno de Gustavo Petro ha recuperado un diálogo activo con la Casa Blanca sobre seguridad y narcotráfico. A la vez, la ausencia de Brasil, la mayor economía de América Latina y un actor central en la política regional, reduce el peso geopolítico de la reunión.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se refirió a la eventual cooperación regional contra el narcotráfico en un mensaje publicado el jueves en la red social X. "Estados Unidos no necesita ir solo a acabar los carteles del narcotráfico porque no sabría hacerlo bien", escribió el mandatario, al sostener que la lucha contra esas organizaciones debe ser coordinada con los países de la región.
El mandatario respondió así a advertencias del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, quien señaló que Washington está dispuesto a lanzar una ofensiva "solo" contra las organizaciones narco en América Latina. "La alianza contra el narco es un Pacto por la vida y por la Paz y estamos listos", agregó.
En ese contexto, el encuentro se asemeja más a una instancia de coordinación política entre gobiernos cercanos a Washington que a una cumbre hemisférica amplia. La nómina de países participantes reúne en su mayoría a administraciones alineadas con la agenda de seguridad impulsada por Trump, lo que refuerza la lectura de que el encuentro busca consolidar un bloque político afín en la región.
Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, le explicó al portal Voz, un medio conservador especializado en información para la comunidad latina en EE.UU., que la finalidad de la Cumbre es "restaurar la preeminencia" de este país en el hemisferio occidental.
"El presidente ha fortalecido con éxito nuestras relaciones en nuestra propia vecindad para hacer que toda la región sea más segura y estable, y la (...) Cumbre Escudo de las Américas encapsulará todo su trabajo para hacer que Estados Unidos, y nuestros socios, sean fuertes otra vez", afirmó.
Agenda regional
Además del combate al crimen organizado, la agenda incluirá el debate sobre migración irregular, un tema que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política regional impulsada por Washington. La administración de Donald Trump reforzó las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes irregulares. Las autoridades federales ampliaron las detenciones y deportaciones en distintas ciudades del país y presionaron a gobiernos latinoamericanos para cooperar en la contención de los flujos migratorios y aceptar el retorno de sus ciudadanos.
En el caso de Chile, el país atraviesa los días finales del gobierno de Gabriel Boric, con el presidente electo José Antonio Kast a pocos días de asumir el poder el 11 de marzo, tras su victoria en las elecciones de diciembre de 2025. Durante la campaña, el dirigente del Partido Republicano anticipó una política migratoria más estricta y llegó a emplazar a los migrantes sin documentos a abandonar el país antes de su eventual llegada al poder, planteando incluso la posibilidad de coordinar con otros gobiernos de la región mecanismos para facilitar el retorno de extranjeros en situación irregular.
En Trinidad y Tobago, la seguridad se ha convertido en una preocupación central. El gobierno declaró esta semana un estado de emergencia nacional tras un repunte de la violencia vinculada a pandillas y enfrentamientos armados. La medida fue solicitada por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar luego de informes de inteligencia que advertían sobre ataques planificados contra fuerzas de seguridad y un aumento de homicidios relacionados con el crimen organizado, lo que habilita a las autoridades a realizar arrestos y registros sin orden judicial.
En Ecuador, el presidente Noboa anunció además un toque de queda en cuatro provincias —Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro— que se aplicará durante dos semanas como parte de una nueva ofensiva contra el crimen organizado. El país atraviesa una grave crisis de seguridad ligada al narcotráfico y al accionar de bandas criminales, en un contexto en el que el Estado mantiene desde 2024 la declaratoria de conflicto armado interno contra estos grupos y un estado de excepción.
Asimismo, países de Centroamérica como El Salvador y Honduras han reforzado en los últimos años políticas de seguridad contra pandillas y organizaciones criminales, mientras que EE.UU. insiste en una mayor coordinación regional para frenar el tráfico de drogas y los flujos migratorios hacia su frontera sur, temas que Washington busca colocar en el centro de las discusiones con los mandatarios latinoamericanos.