El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al Gobierno de EE.UU. "no atacar" al expresidente boliviano Evo Morales, luego de que este denunciara que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tendría un plan para capturarlo.
En su cuenta de X, el mandatario colombiano advirtió que: "Un ataque a un expresidente legítimo y dirigente indígena como Evo Morales, solo llenará de sangre toda la América Latina".
Petro también pidió "no confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotráfico", con referencia las acusaciones de algunos sectores opositores a Morales, que lo vinculan con supuestos delitos relacionados el tráfico de cocaína, sin que hayan presentado pruebas.
Asimismo, el líder del Pacto Histórico llamó a "esperar la conclusión del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU" que se encuentra evaluando, entre otros aspectos, la diferencia entre el cultivo tradicional de la hoja de coca y el narcotráfico.
Roces con La Paz
Esta solicitud de Petro ocurre un día después de que asegurara que las movilizaciones en contra del Gobierno de Rodrigo Paz son una "insurrección popular" que surge en "respuesta a la soberbia geopolítica".
El mandatario colombiano también aseveró que "jamás defenderá la represión contra el pueblo boliviano", puesto que la violencia "solo generaría una inmensa masacre, que por generaciones no olvidará Latinoamérica".
Estas afirmaciones generaron un roce diplomático con la Administración de Paz, que emitió un comunicado para quejarse de las afirmaciones de su par colombiano porque "no reflejan la buena relación entre los dos países" y constituyen un irrespeto al "principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados".
El Gobierno de Paz ha señalado a Morales de estar detrás de un supuesto "plan macabro" para desestabilizar el país con movilizaciones, que se han extendido por varias semanas. Según el portavoz del mandatario, las marchas estarían financiadas por el narcotráfico.
Sobre Morales pesa una orden de aprehensión tras no haber comparecido en un proceso judicial que se le sigue por el presunto delito de trata agravada de personas. Su defensa argumenta que el caso está "armado" y recalca que la presunta víctima ya ha presentado documentos que niegan los hechos denunciados.