La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución que respalda el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2025, según el cual los Estados tienen la obligación legal de actuar "de forma urgente y equitativa" para proteger el sistema climático y reducir el uso de combustibles fósiles.
Presentada por la isla insular de Vanuatu, que se encuentra en el Pacífico,"en primera línea de la crisis climática", la causa fue aprobada por 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, e insta a los países a cumplir sus compromisos del Acuerdo de París, que pretende limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, así como a tomar "las medidas posibles para evitar causar daños significativos al clima y al medio ambiente, incluidas las emisiones producidas dentro de sus fronteras".
El texto subraya que "si los Estados incumplen estas obligaciones, son legalmente considerados responsables y obligados a cesar la conducta ilícita, ofrecer garantías de que no volverá a ocurrir y realizar una reparación íntegra, según las circunstancias".
Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son vinculantes, la Asamblea afirmó que el fallo convierte la acción climática en un "deber legal según el derecho internacional, y no solo en una opción política".
"Transición rápida, justa y equitativa"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la votación como "una poderosa afirmación del derecho internacional, la justicia climática, la ciencia y la responsabilidad de los Estados", y recalcó que el camino hacia esa justicia "pasa por una transición rápida, justa y equitativa que abandone los combustibles fósiles y se oriente hacia las energías renovables".
El ministro de Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Regenvanu, calificó el resultado como "una victoria para el multilateralismo, para el Estado de derecho y para las comunidades que se encuentran en la primera línea de la crisis climática". "El cambio climático no solo es un desafío político y económico, sino una cuestión de derecho, justicia y derechos humanos", expresó.
La aprobación de la resolución fue vista por sus promotores como un revés político para Estados Unidos, cuya postura viene determinada por el giro del presidente estadounidense Donald Trump, que en su primer día de mandato retiró a su país del Acuerdo de París y de otros grandes pactos ambientales.
En la sesión, la representante estadounidense Tammy Bruce justificó el voto negativo al afirmar que la resolución "incluye exigencias políticas inapropiadas relacionadas con los combustibles fósiles" y que tratar la opinión consultiva de la CIJ como si fuera vinculante podría vulnerar la soberanía nacional y la política energética del país.