La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionó este viernes una reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y anunció un proceso de consultas destinado a reformar sustancialmente el sistema penal. Adicionalmente, se ofreció un balance sobre las liberaciones, que se inscriben tanto dentro de lo estipulado en la ley de amnistía como en la aplicación de otros procedimientos previstos en la legislación local.
"El 1 de junio arranca la gran consulta nacional por la reforma de la justicia penal, […], [que] se articula con un último fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos, sin ningún tipo de distingo", sostuvo la mandataria desde el Palacio de Miraflores, donde se celebró una jornada de trabajo televisada.
Rodríguez refirió que en el diagnóstico realizado por su gestión se identificaron lo que denominó "tres grandes desafíos", que deben ser resueltos por medio de la reforma que impulsa: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.
Sobre lo primero, demandó que el incremento en la cantidad de magistrados del máximo tribunal se traduzca en "mayor actividad judicial" y solicitó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a saldar las deudas derivadas de un problema que admitió añejo.
Sobre lo segundo, destacó que es preciso establecer "mecanismos de control que impidan que se imponga la corrupción", traducida, entre otros asuntos, en el cobro de extorsiones para asegurar la liberación de personas privadas de libertad.
En cuanto a la criminalización de la pobreza, la dignataria afirmó que "hay una pirámide invertida en cuanto a la penalización de las conductas". Así, precisó, "68 % de las personas privadas de libertad son de los estratos económicos menos favorecidos". "Allí hay discriminación y nosotros debemos atenderlo […]. La criminalización de la pobreza sigue siendo una forma de discriminación económica y social", insistió.
Por otro lado, reconoció que esos problemas son de larga data y si bien se han producido algunos avances, no han sido suficientes para alcanzar un "nuevo modelo de justicia penal", donde estén plenamente garantizados los derechos humanos de todas las personas, sin distingo alguno, y a tono con la convivencia democrática.
La lideresa rechazó asimismo cualquier intento de politización o partidización de la reforma judicial, al considerar que se trata de algo "mezquino y miserable". "Hemos visto cómo se partidiza y se politiza la justicia penal. […]. No es correcto hacer utilización de espacios que implican la privación de libertad de un ciudadano o ciudadana, es muy mezquino y miserable. Lo tengo que denunciar. Yo pido que no haya utilización política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país", dijo al respecto.
Balance de la amnistía
Rodríguez puntualizó que desde hace poco más de un par de meses, cuando entró en vigor la ley de amnistía, se produjeron 138 liberaciones plenas cada día y se han beneficiado 8.740 personas. De estas, 8.426 tenían medidas cautelares y recibieron libertad plena, lo que significa el fin de los procesos judiciales en su contra.
A esta lista sumó la excarcelación de 885 personas en febrero pasado y de otro grupo de más de 500 personas –de las 300 inicialmente previstas–, a quienes se les otorgaron beneficios procesales por diversos motivos, de conformidad con lo anunciado esta semana por el presidente de la Asamblea Nacional del país bolivariano, Jorge Rodríguez.
"Pido que esas excarcelaciones se asuman con madurez, que se asuman con respeto y que se asuman desde el punto de vista constructivo, de lo nuevo que estamos construyendo, a lo que he llamado 'el renacer de Venezuela'. ¿Cómo es este renacimiento? Este renacer también supone una transformación cultural en el pensamiento y en el ser de la ciudadana y del ciudadano, en el reconocimiento; que ese renacer nos permita encontrar el camino hacia la convivencia y la paz", completó.