La Asamblea Nacional francesa revocó formalmente este jueves el Código Negro ('Code Noir', en francés) un conjunto de leyes que permitía considerar a los esclavos como propiedad. Esta normativa legal continuó técnicamente vigente en el marco jurídico del país durante casi 2 siglos después de que aboliera la esclavitud en 1848, informa France 24.
El artículo 44 de este código, que controlaba por completo la vida de las personas esclavizadas, las definía explícitamente como "bienes muebles". Del mismo modo, otras cláusulas permitían someterlos a explotación, torturas, ventas, abusos sexuales o asesinatos.
Aprobada de forma unánime por 254 votos, la nueva decisión elimina la ley de 1685, creada por el rey Luis XIV, para regular la esclavitud en las colonias. Este acto representa un avance histórico en el reconocimiento del pasado colonial francés, mientras que impulsa el debate sobre reparaciones económicas.
El presidente Emmanuel Macron sostuvo la semana pasada que "el silencio, incluso la indiferencia, que hemos mantenido durante casi 2 siglos hacia este Código Negro ya no es un descuido".
El diputado de Guadalupe y propulsor de la moción, Max Mathiasin, admitió que desconocía la vigencia de la norma antes del hallazgo. Para el legislador, la derogación representa "una forma de honrar a nuestros antepasados, de recuperar nuestra humanidad". Asimismo, destacó que este acto jurídico consolida los valores republicanos franceses de libertad, igualdad y fraternidad.
Un primer paso
Francia se posicionó como la tercera potencia en el tráfico transatlántico de esclavos, superada únicamente por Gran Bretaña y Portugal, al trasladar a unos 1,4 millones de africanos hacia sus plantaciones azucareras.
Aunque el Código Negro perdió validez jurídica real con la abolición definitiva de la esclavitud, la actual derogación formal representa solo el primer paso. En 1946, las antiguas colonias de Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa y Reunión se integraron como departamentos de ultramar, albergando hoy a 1,9 millones de ciudadanos.
Sin embargo, pese a ser gobernados desde París, estos territorios sufren una profunda desigualdad socioeconómica, caracterizada por altos índices de pobreza y una tasa de desempleo que duplica la media de la Francia continental.