La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de convocar para el próximo 9 de junio una audiencia preliminar previa a un posible juicio con jurado popular.
En el escrito, el abogado Antonio Camacho acusa al magistrado de imprimir al procedimiento una "velocidad de crucero" incompatible con las garantías propias de un proceso penal en un Estado democrático.
La queja no se limita al calendario. Según la defensa, Peinado habría incoado y cerrado en el mismo auto esta nueva fase del procedimiento del jurado, privando a las partes de trámites que considera esenciales. Camacho sostiene que aún quedan cuestiones pendientes antes de avanzar hacia la antesala del juicio oral, entre ellas recursos por resolver, diligencias solicitadas por la defensa y la ratificación de informes periciales.
El juez ha citado personalmente a Begoña Gómez, a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. En la resolución, les advierte de que deben comparecer de forma presencial y de que, si no lo hacen, podrían ser conducidos por la fuerza pública. La audiencia preliminar es un trámite relevante en el proceso ante jurado: sirve para decidir si procede abrir juicio oral, archivar la causa o practicar diligencias complementarias.
Peinado propone que Gómez sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, vinculados a su actividad profesional y académica en la Universidad Complutense de Madrid, así como al uso de recursos públicos relacionados con su asesora. La defensa y la Fiscalía, en cambio, sostienen que no hay indicios suficientes para llevar el caso a juicio.
Importante frente judicial contra el Gobierno de Sánchez
La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo vinculado a la ultraderecha, que admitió entonces que su denuncia se basaba en informaciones periodísticas cuya veracidad debía comprobar el juez. Desde entonces, la causa se ha ampliado y reordenado varias veces, mientras la Fiscalía ha solicitado de forma reiterada su archivo.
El caso se ha convertido en uno de los frentes judiciales y políticos más sensibles para el Gobierno español. Sus críticos lo presentan como una investigación por corrupción en el entorno familiar del presidente; sus defensores lo ven como un ejemplo de judicialización de la política impulsada por acusaciones populares de perfil ideológico. En ese contexto, el recurso de la defensa busca situar ahora el foco no solo en los hechos investigados, sino en las garantías del propio procedimiento.
