Es muy probable que la ciudadanía española lleve meses atrapada en una sensación colectiva de 'dèjá vu'. La última gran trama de corrupción que afecta al Gobierno del presidente Pedro Sánchez está desvelando una estructura y una reacción política en la que nada parece del todo nuevo. Y tiene sentido: de alguna manera, el país ya vivió todo esto, pero con otro Gobierno, con otro partido y con otros nombres durante el caso Gürtel, que acabó hiriendo de muerte al Gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Hay una forma cómoda y muy socorrida de hablar de la corrupción política en España: tratar cada escándalo como un accidente, como una desviación moral de unos pocos individuos, las sempiternas "manzanas podridas". Durante años, el Partido Popular (PP) utilizó esa explicación frente a Gürtel. Ahora, el Partido Socialista (PSOE) intenta moverse en una zona discursiva muy parecida ante el caso Koldo-Ábalos-Cerdán: responsabilidades personales, traiciones individuales, actuaciones aisladas, rápida reacción del partido, colaboración con la Justicia.
Conviene empezar, no obstante, con una distinción cautelosa: Gürtel es ya una trama juzgada y condenada, con sentencias firmes. El caso Koldo, en cambio, sigue vivo, con piezas en instrucción, informes policiales, autos judiciales, declaraciones en juicio y acusaciones pendientes de sentencia definitiva.
No son, por tanto, dos objetos idénticos desde el punto de vista procesal. Pero esa diferencia no impide compararlos. Al contrario: obliga a hacerlo mejor, para desvelar algo concreto y quizá más grave a nivel estatal: que los indicios investigados en el entorno de Ábalos, Koldo y Cerdán reproducen patrones estructurales que ya aparecieron con claridad en la gran corrupción del PP.
Ese es el núcleo del problema. Estamos ante dos formas de colonización del Estado por redes de partido. En Gürtel, la red de un empresario bien conectado llamado Francisco Correa se incrustó durante años en administraciones gobernadas por el PP y convirtió actos electorales, eventos, adjudicaciones y servicios públicos en una maquinaria de enriquecimiento privado y beneficio político.
En el caso Koldo-Ábalos-Cerdán, lo que investigan los tribunales es si desde el Ministerio de Transportes y desde relaciones situadas en el corazón orgánico del PSOE se favorecieron contratos públicos, primero en la compra de mascarillas durante la pandemia y después en adjudicaciones de obra pública, a cambio de comisiones o ventajas económicas.
A continuación, indagamos en los elementos comunes que presentan ambos casos de corrupción, y que ciertamente dan cuenta de un problema estructural que trasciende partidos e ideologías.
1. La figura del 'conseguidor'
La primera semejanza está en la figura del intermediario. En Gürtel, Francisco Correa no era un cargo electo ni un ministro ni un dirigente formal del PP. Era algo quizá más útil: un operador externo con acceso privilegiado al partido, a sus campañas, a sus cargos y a sus administraciones. Su poder no procedía de las urnas, sino de la confianza informal. Era el hombre que organizaba eventos, facilitaba servicios, contactaba con empresarios y se movía entre lo político, lo mercantil y lo personal. Esa posición híbrida era precisamente su fuerza.
En el caso Koldo, esa función de intermediación aparece repartida entre varias figuras. Koldo García era asesor del exministro José Luis Ábalos, pero su papel investigado va mucho más allá del de un simple auxiliar administrativo.
En la pieza de las mascarillas, el Tribunal Supremo ha considerado indiciariamente que pudo intervenir en la promoción de una oferta de Soluciones de Gestión ante Puertos del Estado y ADIF. Otro implicado, Víctor de Aldama, aparece, por su parte, como empresario-comisionista con capacidad para conectar oportunidades de negocio, relaciones políticas y beneficios privados. Y el exdiputado Santos Cerdán, según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y los autos del Supremo, habría desempeñado presuntamente un papel de mediación en adjudicaciones de obra pública vinculadas a determinadas empresas afines.
Correa, Koldo, Aldama, Cerdán. No son equivalentes exactos, porque no ocupan la misma posición ni tienen la misma situación penal. Pero todos remiten a una misma arquitectura: la del operador que vive en la frontera entre el partido y la Administración, entre la lealtad personal y el negocio, entre la agenda pública y el favor privado.
Este tipo de corrupción estructural está perpetrada, en la práctica, por personas que pueden llamar a quien otros no pueden llamar, desbloquear lo que otros no pueden desbloquear, presentar ofertas que otros no pueden presentar y traducir la cercanía política en ventaja económica. Son lo que coloquialmente (y, a veces, en sede judicial) se conoce como "conseguidores".
2. Extracción de fondos públicos
La segunda semejanza es el uso de la contratación pública como territorio de extracción. Gürtel fue, en gran medida, una trama de contratos, eventos y servicios pagados por administraciones públicas. La Audiencia Nacional habló de facturas falsas o infladas, de manipulación de la contratación y de un sistema de defraudación del erario.
En los años investigados en la primera época de Gürtel, la red actuó en municipios y administraciones bajo control del PP, especialmente en la Comunidad de Madrid. El patrón era relativamente sencillo: administraciones gobernadas por el partido conservador adjudicaban o pagaban servicios a empresas de la red, la red obtenía beneficios y parte de esos beneficios retornaba en forma de dinero, regalos, viajes, actos electorales o ventajas para cargos y estructuras del partido.
En el caso Koldo, el primer gran eje fueron los contratos de mascarillas durante la pandemia. El Supremo ha considerado, también indiciariamente, que la oferta de Soluciones de Gestión (la sociedad adjudicataria de los contratos de mascarillas investigados en la causa) fue promovida en el ámbito del Ministerio de Transportes, que Koldo García la trasladó a responsables de Puertos del Estado y que esa empresa terminó contratando con Puertos y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para suministrar millones de mascarillas.
La pandemia generó una situación excepcional, con contrataciones de emergencia, urgencia real y mercados rotos. Pero precisamente por eso el caso resulta tan revelador: los momentos de crisis son también momentos de relajación de controles. Allí donde el Estado compra deprisa, sin los filtros ordinarios de tiempos normales, aparece la oportunidad para quien tiene acceso privilegiado y carece de ética.
3. Cercanía a las altas esfera de poder
La tercera semejanza es aún más delicada: la cercanía al núcleo de los partidos. Gürtel es un ejemplo perfecto: Luis Bárcenas no era un militante perdido en alguna agrupación local, sino el gerente y tesorero del Partido Popular a nivel nacional. Es decir, estuvo situado en el corazón financiero de la organización.
La sentencia firme de Gürtel condenó a Bárcenas, a Correa y a una larga lista de cargos y empresarios. Además, el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado económicamente de actos electorales sufragados por empresas de la trama.
En el caso socialista, los nombres investigados tampoco pertenecen a una periferia irrelevante. José Luis Ábalos fue ministro de Fomento y después de Transportes, además de secretario de Organización del PSOE.
Santos Cerdán fue también secretario de Organización del PSOE, uno de los cargos más sensibles de cualquier partido: el puesto que maneja estructura territorial, poder interno, cuadros, equilibrios orgánicos y disciplina. Que dos antiguos números tres del PSOE aparezcan vinculados a una misma macrocausa de corrupción no es un dato menor. No prueba por sí solo la responsabilidad penal del partido, pero hace difícil concebir una situación en que la dirección del partido sea completamente ajena.
4. Personalismo y relaciones bien trabajadas
La cuarta semejanza es el carácter personalista de las redes. La corrupción estructural española no funciona como una mafia vertical perfectamente ordenada, sino como una red más o menos extensa y compleja de lealtades, favores, contactos antiguos, dependencias personales y relaciones de confianza que van generando una zona gris entre la política y el negocio.
En Gürtel, la red de Correa se apoyaba en relaciones cultivadas durante años con cargos del PP. No necesitaba controlar formalmente el partido: le bastaba con habitarlo. Correa decía que Génova era como su casa, y esa frase, más allá de su literalidad, resume una forma de poder: la del proveedor que deja de ser proveedor y se convierte en familia política.
En el caso Koldo, los informes conocidos describen relaciones largas, no contactos ocasionales. La UCO, por ejemplo, describe una confianza prolongada entre Santos Cerdán y Koldo García, fraguada en épocas muy anteriores. El propio caso se entiende mal si se mira solo como una concatenación de contratos: hay que mirarlo como una red de fidelidades acumuladas: Koldo con Ábalos, Koldo con Cerdán, Aldama con los decisores públicos, empresas con operadores políticos, asesores con ministros, cargos orgánicos con estructuras territoriales.
5. El discurso defensivo de los partidos
La quinta semejanza es la reacción defensiva de los partidos. Cuando estalla un caso de corrupción, el partido afectado rara vez acepta de entrada la tesis estructural. Primero, individualiza. Después, minimiza. Luego, denuncia exageración mediática. Más tarde, si la presión crece, sacrifica piezas. Finalmente, intenta reescribir el caso como una prueba de limpieza interna: "hemos actuado con rapidez y contundencia", "hemos colaborado con la Justicia", "nadie está por encima de la ley".
El PP hizo algo parecido con Gürtel. Insistió durante años en que se trataba de episodios aislados, de hechos antiguos, de responsabilidades estrictamente individuales. Tras la sentencia de 2018, subrayó que la condena al partido era civil y no penal, que los hechos se limitaban a dos municipios y que nadie de la dirección vigente había sido condenado.
El PSOE ha desplegado una defensa distinta en las palabras, pero similar en la estructura. En el caso Cerdán, Pedro Sánchez pidió perdón por haber confiado en él, el partido destacó la dimisión del secretario de Organización y la dirección socialista ha intentado presentar su reacción como una diferencia moral frente al PP.
El problema es que esa defensa tiene un límite evidente: cuando la investigación afecta sucesivamente a un exministro, a su asesor, a un exsecretario de Organización, a empresas públicas, a contratos de emergencia, a adjudicaciones de obra pública y a la sede del propio partido como espacio de obtención de correos o documentación, la explicación del caso individual empieza a quedarse pequeña.
6. Estrategias de protección jurídica
Hay otra semejanza, quizá la más incómoda: la corrupción no solo busca dinero; también necesita protección. En el universo Gürtel-Bárcenas, la derivada Kitchen muestra hasta qué punto una trama económica puede desembocar en una trama de defensa institucional. El caso Kitchen, que se juzga en 2026, investiga si desde la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy se puso en marcha un operativo parapolicial, pagado presuntamente con fondos reservados, para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora para el PP. Es decir, no se trataría ya solo de la corrupción original, sino de la utilización del aparato del Estado para contener sus consecuencias.
En el ecosistema socialista, las investigaciones más recientes han abierto también una línea distinta a la contratación: la posible existencia de maniobras para obstaculizar o condicionar investigaciones judiciales sensibles para el PSOE y el Gobierno. Esa pieza, vinculada al llamado caso Leire, está en una fase en la que la prudencia es obligatoria. Pero políticamente introduce una pregunta que recuerda demasiado a otras épocas: cuando un partido se siente amenazado por causas judiciales, ¿dónde termina su defensa legítima y dónde empieza el uso opaco de recursos, contactos o estructuras para protegerse?
La estructura se hace obvia
El paralelismo, por tanto, no consiste en decir que Gürtel y Koldo sean idénticos. Después de todo, Gürtel fue una trama largamente consolidada, con condenas firmes y una responsabilidad civil del PP como beneficiario. Y como ya hemos señalado, el caso Koldo-Ábalos-Cerdán aún debe probarse en los tribunales en toda su extensión.
Pero sí comparten elementos decisivos: intermediarios con acceso privilegiado, empresarios que buscan contratos, administraciones gobernadas por el partido, operadores internos con poder orgánico, confusión entre lealtad política y ventaja económica, uso de lo público como botín y reacción defensiva basada en negar la dimensión estructural del problema.
Ahí aparece de manera espontánea la conclusión de fondo: la corrupción del bipartidismo español no puede entenderse solo como una suma de delitos individuales. Es una patología de ocupación institucional fundada en una particular cultura del uso del poder. Cuando un partido gobierna durante mucho tiempo, cuando controla ministerios, empresas públicas, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones, organismos reguladores y redes de nombramientos, empieza a producir una periferia de personas que viven de estar cerca. Al parecer, el sistema genera incentivos claros para que determinadas personas conviertan la proximidad al poder en una mercancía.
El PP produjo Gürtel en torno a sus feudos institucionales y a su maquinaria financiera. El PSOE ha producido el caso Koldo-Ábalos-Cerdán en torno a un ministerio estratégico, a contratos públicos y a figuras clave de su organización. Sin embargo, la tesis de que "PP y PSOE son iguales", siendo tentadora, es demasiado pobre y superficial. La tesis más rigurosa es otra: el bipartidismo español ha demostrado una capacidad estructural para producir corrupción cuando acumula poder institucional suficiente.
Gürtel tumbó a un Gobierno. Koldo aún no ha terminado de desplegar todas sus consecuencias judiciales y políticas. Pero ambos casos permiten mirar la democracia española sin romanticismo. Durante décadas, PP y PSOE se presentaron como los pilares de la estabilidad, y en algún aspecto lo fueron. Pero también han sido los grandes administradores de un modelo en el que el poder público, la financiación, las empresas amigas, los cargos orgánicos y las redes personales han tendido demasiadas veces a mezclarse.
En suma, la corrupción no es un accidente que le ocurra de cuando en cuando al bipartidismo español, sino una de sus sombras recurrentes. Y esa sombra, cuando aparece una y otra vez en lugares distintos, bajo siglas distintas y con protagonistas distintos, deja de ser una casualidad y a indicar la existencia de una estructura.
David Romero
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