El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quedó envuelto en un escándalo luego de que se descubriera que una empresa automotriz le vendió un vehículo de alta gama con un generoso descuento de 25.000 dólares.
La controversia escaló a tales niveles que el mandatario tuvo que justificarse públicamente. "Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo", afirmó el lunes a través de un video en el que intentó aclarar el acuerdo comercial.
"Si algún organismo contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora", señaló el referencia a una camioneta Hyundai, que costaba 79.000 dólares, pero que adquirió en 54.000.
También explicó que, antes de asumir el cargo, decidió que no era correcto que el Estado pagara por la compra de un vehículo, así que decidió hacerlo con recursos propios. "Esos días se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024 (...), consideré viable la propuesta, condicionado, claro está, a las posibilidades económicas que estuvieran a mi alcance", afirmó.
Orsi aseguró que en la concesionaria le ofrecieron "un precio razonable", que el valor está registrado en la factura que presentó en sus informes patrimoniales y que no existe ningún tipo de anomalía.
¿Qué pasó?
El caso estalló la semana pasada, cuando el programa 'Así nos va', de Radio Carve, presentó una extensa investigación sobre el patrimonio del presidente y reveló las inconsistencias en la compra y el valor del vehículo que adquirió el 21 de febrero del año pasado, es decir, solo ocho días antes de asumir como presidente.
De hecho, durante su primera jornada como jefe de Estado, Orsi se trasladó en la camioneta de lujo, por lo que la oposición comenzó a pedir informes para determinar si se había cometido alguna irregularidad.
Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, justificó a Orsi con el argumento de que la compra del vehículo se concretó cuando todavía no era funcionario público, por lo que no se violó ningún código de ética. Además, el Gobierno difundió la versión de que se había tratado de una "gentileza" de la empresa concesionaria, lo que avivó la polémica.