En la UE se intensifica un conflicto entre la Comisión Europea, dirigida por Ursula von der Leyen, y el Servicio Europeo de Acción Exterior, liderado por Kaja Kallas, por el proyecto de sanciones comerciales contra los asentamientos israelíes ilegales, informa Euractiv.
Las opciones para restringir ese comercio serán debatidas esta mismo lunes en Bruselas por los ministros de Exteriores del bloque.
"Desde hace meses, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen ha chocado frontalmente con el Servicio Europeo de Acción Exterior, el cuerpo diplomático de la Unión Europea dirigido por Kaja Kallas, en una pugna de poder sobre quién debe controlar la política exterior", señala el medio.
Estados miembros como Francia, España, Bélgica, Suecia, Irlanda y Países Bajos han impulsado un veto a escala comunitaria al comercio con los asentamientos ilegales, al considerar que es imprescindible alinear la política del bloque con el derecho internacional.
En este contexto, Kallas, presionada por once ministros de Exteriores, ha exigido avances a sus colegas de la Comisión Europea (CE) y anteriormente los acusó de bloquear el trabajo sobre una revisión jurídica que había solicitado en abril.
Aunque la CE distribuyó la semana pasada un análisis legal entre los Estados miembros, evitó presentar una propuesta formal y se limitó a plantear distintas vías jurídicas para restringir o impedir la entrada de mercancías procedentes de los asentamientos.
Así, el documento de la Comisión contempla tres opciones: un sistema de licencias más estricto, aranceles muy elevados o una prohibición total.
"Parece muy claro"
"No creo que hayamos tenido una cooperación entusiasta por parte de la Comisión en este asunto", afirmó un alto diplomático europeo de un país que apoya el veto.
Según el medio, los países favorables a la medida defienden que se tramite como una decisión comercial, lo que permitiría aprobarla por mayoría cualificada y no por unanimidad. Sin embargo, la CE considera que cualquier paso en esa dirección debe contar con el respaldo de los 27 Estados miembros, al tratarse más de una cuestión política y de política exterior que de una medida comercial técnica.
"El documento de la Comisión evita pedir abiertamente la unanimidad. Pero si uno lo lee, parece muy claro que eso es lo que piensa", afirmó el diplomático.