El Gobierno de México dio a conocer este miércoles el avance de las nuevas medidas que ha tomado para protestar diplomática y judicialmente por la muerte de 17 connacionales fallecidos mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o en operativos policiales.
La Cancillería explicó en un comunicado que el pasado 13 de julio, el embajador de México en EE.UU., Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias, ocho de ellas ante fiscalías estatales y 12 más en fiscalías de condado, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, en donde ocurrieron las muertes de los inmigrantes mexicanos.
Al día siguiente, el embajador transmitió al Departamento de Justicia de EE.UU. las denuncias judiciales interpuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, que incluyen una solicitud para que las autoridades estadounidenses inicien las investigaciones correspondientes y emitan una respuesta.
Además, Lazzeri se reunió con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, a quienes les transmitió las preocupaciones que tiene el Gobierno de México sobre las condiciones en las que operan los centros de detención, incluidos los que son manejados por empresas privadas. También les solicitó el esclarecimiento de los 17 casos en que ha habido víctimas mexicanas.
Con la ONU
Por otra parte, el canciller Roberto Velasco Álvarez envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que le informó sobre estos hechos y le solicitó que considere la posibilidad de recabar información con autoridades de EE.UU. sobre lo que ocurre con los migrantes para determinar si todo ello es compatible con los derechos humanos.
La estrategia de México también incluye la asistencia y protección de la red consular a las familias de los connacionales fallecidos, incluidos el acompañamiento jurídico, el apoyo para el traslado de restos y las gestiones que ellas soliciten.
El pasado 9 de julio, el Gobierno anunció el endurecimiento de su respuesta a los crímenes del ICE contra migrantes mexicanos, luego de que agentes dispararan y mataran al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien engrosó la lista de por lo menos 58 inmigrantes, 17 de ellos mexicanos, que han muerto como resultado de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump desde que asumió por segunda vez en enero del año pasado.
