La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador del estado mexicano de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por ser presunto responsable de ocultamiento de evidencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014.
"Como parte del nuevo modelo de investigación, la FGR desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos", reveló la dependencia en un comunicado.
El cambio en el enfoque, agregó, permitió acreditar la posible participación del exgobernador "en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes", por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.
La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que habría novedades en el caso. "Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado. Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso", señaló ante la permanente presión social que existe para saber el destino de las víctimas y que se descubra y castigue a los culpables.
Sin justicia
Aguirre Rivero, de 70 años, es un político de larga trayectoria que fue diputado, senador y gobernador interino de Guerrero. En 2011 fue electo como gobernador de esa entidad del suroeste mexicano, en donde, tres años más tarde fueron secuestrados y desaparecidos los 43 estudiantes.
El caso inició la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes, quienes estudiaban para ser maestros de educación primaria, fueron perseguidos, tiroteados y detenidos en una cacería en la que participaron fuerzas de seguridad y narcotraficantes en el estado de Iguala.
Durante los años siguientes se demostró una cadena de complicidades entre autoridades municipales, estatales y federales, incluido el Ejército. Unos participaron directamente en la persecución, las torturas y la desaparición masiva. Otros entorpecieron la investigación. Pero 12 años después, nadie ha confesado qué hicieron con las víctimas.
En el caso de Aguirre, tuvo que renunciar a la gubernatura en febrero de 2015, solo cinco meses después de la desaparición de los estudiantes y en medio de un grave escándalo de corrupción en el que sus colaboradores más cercanos, incluido su hermano y su sobrino, fueron acusados de lavado de dinero.
Desde entonces su carrera política fue en declive, no pudo volver a ocupar cargos públicos y ahora enfrentará un proceso penal como presunto responsable en una de las causas de violaciones a los derechos humanos más graves ocurridas en México.