¿Un preso desaparecido? El caso que aviva las tensiones entre México y EE.UU.

El funcionario forma parte del grupo de políticos acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez "desapareció" del registro de personas que están bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU., lo que abre la posibilidad de que ya saliera de la cárcel. No obstante, por ahora se desconoce su paradero, reveló el diario La Jornada.

La noticia reavivó una fuerte tensión política que estalló en abril pasado, cuando EE.UU. solicitó la captura y extradición de 10 políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; y el senador Enrique Inzunza Cázarez, a quienes acusó de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum impugnó el pedido de EE.UU. al considerar que se trata de una estrategia con fines políticos, no judiciales, que pretende violar la soberanía de México.

Mérida Sánchez, quien forma parte de la lista, se entregó en mayo pasado en Arizona y luego fue llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permaneció detenido hasta el 11 de agosto.

¿Testigo protegido?

A partir de ese día, no se sabe si Mérida Sánchez fue llevado a otra prisión o si, como ya ocurrió en otros casos, salió gracias a una negociación con las autoridades estadounidenses para convertirse en testigo protegido, a cambio de revelar información crucial sobre el crimen organizado en México que permita condenas y capturas.

De hecho, el exfuncionario debía enfrentar una audiencia que estaba programada para el 4 de agosto, pero se pospuso de manera indefinida sin ninguna explicación de por medio. Pocos días después, su nombre dejó de aparecer en el registro de personas detenidas en EE.UU.

A Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, se le imputan delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, los cuales podrían tener una pena máxima de 40 años.