Las informaciones que se desvelaron hace ya cuatro años sobre agentes de Policía Nacional infiltrados en distintos movimientos sociales en España vuelven a ser el foco de la actualidad.
Varios medios que dieron las exclusivas están siendo sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y se enfrentan a multas de miles de euros y a retirar los artículos publicados en su día sobre esa controvertida cuestión.
Todo empezó en junio de 2022. En aquel entonces el periódico catalán Directa publicó un reportaje sobre la infiltración de un agente de la Policía Nacional en diferentes movimientos sociales de la región.
Infiltrados: sin orden judicial y sin resultados
La investigación pudo acreditar la identidad real de un joven que había recalado en organizaciones por la vivienda digna y en colectivos de la izquierda independentista, engañando a decenas de personas tan solo por sospechar de sus ideas. Su actividad no desveló ningún tipo de trama o actividad delictiva.
Meses después el mismo medio volvió a publicar información sobre otro caso de infiltración. En esta ocasión el agente había ido más allá y había mantenido relaciones sexoafectivas con algunas de las personas a las que espiaba.
Tanto el Gobierno, como los mandos policiales, justificaron esta manera de proceder, aunque se denunciaba que ponía en tela de juicio la libertad ideológica y de asociación, si podían ser objeto de estos procedimientos personas y colectivos tan solo por sus ideas.
Sin embargo, más casos de infiltración sin orden judicial tanto en Cataluña como en otras regiones españolas, siguieron apareciendo en medios de comunicación, y más de una decena de agentes infiltrados han sido destapados.
Incluso se produjeron denuncias contra uno de los agentes, a quienes varias activistas acusaron de abuso sexual continuado por falta de consentimiento, procedimiento que fue archivado por los juzgados.
Revelación de datos
El caso vuelve a la actualidad porque cuatro de los policías infiltrados descubiertos interpusieron una denuncia a principios de 2025 ante la AEPD tras la publicación de los reportajes acusando a los medios de revelación de datos personales.
Ahora la Directa, Vilaweb y el Diari de Balears se enfrentan a varias multas y a la retirada de los artículos tras la apertura por la AEPD de procedimientos sancionadores.
De este modo se ha instalado el debate sobre los límites de la acción policial, la protección de derechos fundamentales como la libertad ideológica o la acción de los medios como garantes de esos derechos en una sociedad democrática.